Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

El Perú enfrenta una crisis de gobernabilidad que no proviene únicamente del crimen organizado, de la precariedad institucional ni de la parálisis legislativa. Existe un cáncer silencioso, pero igual de devastador: el descomunal gasto en consultorías que, durante el período 2012–2023, habría superado S/ 46 mil millones, según informes preliminares de la Contraloría General del Estado. Esto equivale a S/ 4,400 millones cada año, monto que pulveriza cualquier noción de austeridad, eficiencia o responsabilidad fiscal. Aún no hay informes de años posteriores.

El problema es aún más grotesco si vemos el desglose del año 2023: S/ 11,371 millones gastados solo en consultorías; S/ 7,404 millones (46 %) fueron adjudicados mediante licitaciones; el resto se gastó sin explicación clara, detalle, trazabilidad ni auditoría pública. Dinero evaporado en un fárrago de contratos de asesorías, estudios y servicios profesionales que operan políticamente descontrolados, con ínfima —o inexistente— fiscalización. La Contraloría aún no publica las cifras de 2024 y 2025, pero evidentemente este gasto sigue creciendo cada año.

La comparación resulta moralmente insoportable. Mientras el Estado dilapida miles de millones en consultorías, ese mismo año apenas destinó S/ 400 millones al mantenimiento de toda la red de carreteras nacionales. Las cifras son aún más deprimentes cuando se contrastan con gastos para mantener escuelas, hospitales y servicios esenciales: montos decrecientes, insuficientes, incapaces de sostener la infraestructura mínima que demanda un país que pretende llamarse República.

La pregunta es: ¿cómo puede un Estado justificar tamaño desbalance? ¿Cómo puede sostener que carece de recursos para seguridad ciudadana, salud o educación, mientras financia una maquinaria paralela de consultores que reemplaza —y usualmente suplanta— las funciones propias de la administración pública? La respuesta es indignante: ¡el Estado peruano ha tercerizado su capacidad de gobernar! Ha reemplazado a sus cuadros técnicos por contratos temporales, ha sustituido planificación por informes, ha reconvertido la política pública en mercado persa de servicios, donde la discrecionalidad vale más que la meritocracia.

Su impacto en la gobernabilidad es directo, corrosivo. Un Estado que depende de consultorías para pensar, decidir, ejecutar ha renunciado a su soberanía administrativa. La fragmentación de contratos genera políticas inconexas, duplicadas, contradictorias. Tamañas responsabilidades se diluyen porque, cuando todo se terceriza, nadie responde. ¡Y cuando nadie responde, campea la corrupción!

La transparencia también se derrumba. La carencia de consolidación estadística y de auditorías integrales, sumadas a la opacidad en la contratación, permiten que este gasto se convierta en mecanismo de influencia, favoritismo y captura institucional. Es un sistema donde el dinero fluye sin control y donde la ciudadanía no tiene manera de saber quiénes se benefician.

El Perú no puede seguir tolerando semejante hemorragia fiscal. Es indispensable poner límites. ¡Y una reforma radical: auditorías obligatorias, consolidación estadística, límites severos al gasto en consultorías y reconstrucción del área técnica del Estado! La gobernabilidad no se recupera con discursos, sino con instituciones capaces de pensar por sí mismas.

Mientras el Estado siga gastando miles de millones en consultorías y migajas en infraestructura, seguiremos siendo un gigante presupuestal con pies de barro. ¡¡Y usted, amable lector, pagando esa factura!!