Por César Campos R., publicado en Expreso

Queda claro y además reflejado en las últimas encuestas, que la administración de Keiko Fujimori pagó la factura de sus propias omisiones y enredos iniciales. Que a contrapelo de lo afirmando en la campaña electoral, no hubo plan ni hoja de ruta precisa por aplicarse desde el primer día de asumidas las riendas del Poder Ejecutivo. Que sorprendentes y a veces ridículas piruetas retóricas de algunos ministros (incluso, imbuidos de experiencia en el ejercicio de las tareas públicas) creó universos paralelos de polémicas innecesarias. Que la operatividad política del oficialismo - desde el gobierno y el Congreso - brilló por su tibieza o careció de efectividad.

A ello se suma la ausencia de un programa de movilización ciudadana que impulse respuestas populares al claro boicot de la bancada forajida de Juntos por el Perú, empeñada en frustrar todo camino razonable al despegue economico y social del país. Es absurdo creer que la calle solo le otorga legitimidad a la oposición, peor aún cuando parte de ella apenas quiere favorecer a las economías ilegales e imponer su agenda retrógrada y fracasada.

Sin embargo, ciertos gestos gubernamentales empiezan a devolver algo de expectativa plausible en las tareas de Keiko y su equipo. El primero es la correcta articulación del esfuerzo público y privado para contener los embates del fenómeno del Niño, donde el jefe del Gabinete Luis Galarreta y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego Marco Vinelli han actuado con prontitud. Sabemos todos que el tema no es sencillo, que antiguas burocracias en los gobiernos nacionales y subnacionales abandonaron indolentemente las obras de prevención y que igual los impactos de eventos naturales dejan saldos de pérdidas muy graves. Aún así y ya en medio del ciclo trágico del FEN, se ve iniciativa y acción. 

El segundo es el mejor posesionamiento de Fujimori en el liderazgo llamada a ejercer, sin cálculos riesgosos que la vinculen al autoritarismo de su padre ni al sueño apache del mismo frente al aparato corruptor de Vladimiro Montesinos y la casta militar de aquel entonces. Identificarse con la institucionalidad democrática no implica debilitar el discurso contra la inseguridad ciudadana, regatear la firmeza de los mensajes ni amilanarse ante las rasgadas de vestiduras de la presidenta de la Corte Suprema (último alfil del aparato político-mediático-judicial que ejerció su poder perverso los últimos 20 años) quien ve “injerencia” por la clara descripción hecha por la presidenta de la república ante la Asamblea General de la ONU respecto a las arbitrariedades cometidas y que aún se cometen dentro del sistema de justicia. 

Lo tercero es que el gobierno ha empezado a gobernar, dentro de sus atribuciones y herramientas, renunciando a poner todos los huevos en la canasta de las benditas facultades legislativas. El Ministro de Energía y Minas, por ejemplo, anuncia que eliminará 27 permisos de 96 para procesos mineros y simplificará otros 14 trámites. Y el titular de Economía y Finanzas asegura que contratará personal especializado para agilizar procedimientos en todos los organismos públicos, a fin de atraer inversión privada y ejecutar obras.

Hay entonces pequeñas luces de esperanza por parte del Ejecutivo que traslucen destellos de gobernabilidad. Pero todavía faltan los grandes reflectores.