Por Alfonso Baella Matto, publicado en El Reporte

Hay tragedias que llegan sin anunciarse. Otras, en cambio, llevan décadas avisando que vienen. El Perú vive pendiente del próximo escándalo político, de las nuevas infidelidades en la farándula, de la clasificatoria al siguiente mundial o de la última encuesta electoral. Mientras tanto, frente a nuestras costas ocurre algo mucho más silencioso y mucho más importante: las placas tectónicas siguen empujándose unas contra otras con una paciencia geológica que ningún gobierno parece dispuesto a atender.

Lima acumula casi tres siglos de silencio sísmico. No significa que la tierra haya dejado de moverse. Significa exactamente lo contrario: que la energía continúa almacenándose bajo nuestros pies. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene advirtiendo desde hace años que la costa central presenta las condiciones para un terremoto cercano a los 8.8 grados de magnitud, similar al que destruyó la ciudad en 1746. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero llegará. Paradójicamente, cuanto más tiempo pasa sin que ocurra, más nos convencemos de que nunca existirá.

Ese es quizá el mayor enemigo de la prevención: la costumbre. Una generación completa ha crecido creyendo que los terremotos son apenas temblores que interrumpen unos segundos la rutina antes de regresar a la normalidad. Pero la historia peruana enseña otra cosa. Enseña que bastas solo unos segundos para borrar barrios enteros, resquebrajar hospitales, destruir puentes, cortar el agua, colapsar las comunicaciones y convertir una ciudad moderna en un terreno baldío.

Pero la verdadera amenaza no es únicamente el terremoto. Es el país que encontraría.

Décadas de autoconstrucción informal que se refleja en miles de edificios levantados sin supervisión técnica, asentados únicamente en ladrillos pandereta, ubicados mayormente al ras de suelos arenosos y sin sólidos cimientos. Con ese material noble e ingeniería ausente han envejecido colegios, hospitales, viviendas y comercios. Todos a un soplido del derrumbe. A ello se suman las redes de agua vulnerables y la limitada atención médica que puede proveer el Estado. Finalmente, millones de ciudadanos jamás han preparado un plan familiar de emergencia. Una combinación demasiado peligrosa para seguir siendo ignorada, pese a diversos estudios del CISMID y del propio IGP que vienen alertándonos desde hace años.

Lo más preocupante es que el Perú ha desarrollado una extraña relación con los desastres naturales. Invertimos millones después de cada tragedia, pero muy poco antes de que ocurra. Reconstruimos puentes que pudieron reforzarse. Atendemos damnificados que pudieron protegerse. Creamos comisiones cuando el desastre ya pasó. Lloramos muertes que pudieron evitarse. Siempre llegamos primero a la fotografía de la destrucción y casi nunca al momento en que todavía era posible evitarla.

El ciclón Yaku, el fenómeno El Niño, los huaicos, las inundaciones y los incendios forestales han demostrado que nuestro Estado sigue funcionando bajo una lógica reactiva. Administramos emergencias. No reducimos riesgos. Ese es el paradigma que tiene que cambiar.

El gobierno que asumirá el próximo 28 de julio encontrará una economía que exigirá reformas, una inseguridad que demanda respuestas inmediatas y una agenda política inevitablemente cargada de conflictos. Sin embargo, existe una responsabilidad menos visible y quizá mucho más trascendente: preparar al país para el desastre que todos los científicos consideran inevitable y que toda la clase política parece empeñada en ignorar.

La prevención no produce titulares ni genera aplausos inmediatos. Su éxito consiste precisamente en aquello que nunca ocurre. Cuando una escuela permanece en pie después de un terremoto, cuando un hospital continúa funcionando o cuando una familia logra evacuar con seguridad, nadie celebra una política pública. Pero allí está su verdadera victoria.

Por eso el nuevo gobierno debería convertir la gestión del riesgo de desastres en una política nacional con el mismo nivel de prioridad que hoy reciben la seguridad ciudadana o la estabilidad económica. Ello implica comenzar un programa masivo y técnicamente sustentado de reforzamiento estructural de colegios, hospitales y comisarías; facilitar mecanismos de financiamiento para que miles de familias puedan reforzar viviendas vulnerables; actualizar los mapas de riesgo urbano; fiscalizar con rigor la construcción informal; acelerar la implementación integral del Sistema de Alerta Sísmica; recuperar una verdadera cultura de simulacros y educación ciudadana; y establecer protocolos que permitan asegurar la continuidad del Estado durante las primeras horas posteriores a un gran sismo.

No son medidas extraordinarias. Son las obligaciones mínimas de un Estado que conoce el riesgo que enfrenta.

La diferencia entre Japón y muchos países latinoamericanos no es que uno tenga terremotos y el otro no. Es que uno decidió aprender a convivir con ellos mientras el otro continúa apostando a que ocurran durante el mandato del siguiente gobierno.

José María Arguedas escribió que el Perú parecía un país condenado a la catástrofe. Quizá describía nuestra geografía. Pero una nación no está condenada por los movimientos de la naturaleza, sino por la indiferencia de quienes pudiendo prepararla, eligen mirar hacia otro lado.

La tierra se moverá cuando decida hacerlo. La pregunta es si, cuando llegue ese día, podremos decir que hicimos todo lo posible para evitar que la tragedia natural termine convirtiéndose, otra vez, en una tragedia política.