Por Fernando Rospigliosi, publicado en Expreso

En la inauguración del año judicial, el martes pasado, la presidente de la Corte Suprema, Janet Tello, incitó a los jueces politizados y prevaricadores a cometer un delito. Ella explícitamente defendió a los magistrados corruptos que “inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales, es decir, cumplieron con el deber de aplicar el control difuso”.

Se refería, sin duda, a leyes que establecen cosas obvias, como que las normas no son retroactivas y que no puede juzgarse a nadie por supuestos delitos que no existían en el momento en que presuntamente se cometieron.
 

Concretamente, el caso de la ley 32107, de lesa humanidad. Ese criterio ha sido usado de manera inconstitucional y abusiva por la mafia caviar enquistada en el sistema judicial, para perseguir y sancionar ilegalmente a militares y policías que derrotaron al terrorismo.
 

Un par de días después, la presidente del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, le dio una lección a Tello, desarrollando extensamente el tema y, con sólidos argumentos jurídicos, reiteró que la ley de lesa humanidad está vigente, es constitucional y tiene que ser aplicada obligatoriamente por jueces y fiscales.
 

Hoy lunes 12, hay una audiencia sobre el caso Cayara, un enfrentamiento con terroristas ocurrido en 1988 en esa localidad ayacuchana. Allí se está procesando de manera ilegal, al coronel EP (r) Alejandro Avendaño y otros militares. Los abogados han interpuesto demandas alegando, correctamente, que no pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años aduciéndose, falsamente, el delito de lesa humanidad.
 

La sala está integrada por Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata (3ª. Sala Penal), jueces con pésimos antecedentes.
 

Si estos magistrados no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito.
 

En otras circunstancias, si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión. Esperemos que eso pueda ocurrir a partir de julio de este año, con un Gobierno que tenga las ideas claras, la firmeza y la decisión necesaria para poner orden.
 

Como he dicho otras veces, se requiere no solo una reforma del sistema judicial. Hay que barrerlo, como hizo Nayib Bukele en El Salvador, expulsando a un tercio (o más) de magistrados. No hay otra manera de derrotar a la delincuencia y a los herederos del terrorismo.
 

Otrosí digo. Muy bien el policía que abatió en Comas a un sicario que acababa de asesinar a un chofer. ¡Así hay que actuar! Con decisión y valor, sin contemplaciones, con una delincuencia inescrupulosa y muy violenta.
 

Ese policía no podrá ser enviado a prisión preventiva, como solían hacer fiscales y jueces del caviarizado sistema judicial, porque el Congreso ha dado leyes que protegen explícitamente a la Policía que hace uso de sus armas correctamente. Esas leyes que la mafia caviar y sus medios de comunicación denominan “pro crimen”, son las que sirven para luchar con firmeza contra la delincuencia.