Por Carlos E. Paredes, director de Intelfin y docente de la U. Continental
Publicado en Gestión

1. En su discurso inaugural, la presidenta Keiko Fujimori propuso un ambicioso listado de inversiones que se acometerían durante su Gobierno. Nos habló de carreteras, aeropuertos, puertos, trenes, líneas del Metro de Lima, infraestructura hídrica, agua y saneamiento, entre otros. Algunos analistas se lamentaron de este componente supuestamente populista y poco realista del discurso. Además, señalaron que acelerar fuertemente la inversión pública en las actuales circunstancias sería un despropósito, pues atentaría contra la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.

2. Vale la pena analizar estas aseveraciones desde un punto de vista económico. El déficit de infraestructura en el país es enorme: suma varios cientos de miles de millones de soles, encarece el transporte de personas y mercancías, limita el acceso de amplios segmentos de la población a servicios básicos, reduce nuestro potencial productivo, ralentiza el crecimiento económico y perjudica el bienestar social. Actuar con determinación para cerrar la brecha de infraestructura no es sinónimo de populismo; todo lo contrario. Asignar una mayor parte del presupuesto a infraestructura, en lugar de desperdiciarlo en aventuras empresariales estatales o en empleo público improductivo, es sensato.

3. Incrementar la inversión pública en uno o dos puntos porcentuales del PBI durante los próximos cinco años tampoco es necesariamente sinónimo de irresponsabilidad fiscal. Aunque dicho aumento contribuiría, en el corto plazo, a incrementar el déficit fiscal, la verdad es que mantendríamos uno de los ratios de endeudamiento público más bajos de la región. La atención no debe centrarse solo en el impacto fiscal de corto plazo, sino en si los proyectos de inversión elevan el crecimiento potencial y la productividad.

4. Pongamos nuestra deuda pública en perspectiva. Según el FMI, esta representará el 30% del PBI este año, muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (72.6%). La comparación con nuestros pares es particularmente ilustrativa: 30% en Perú frente a 42.5% en Chile, 60.9% en Colombia y 62.7% en México. La deuda neta peruana (deuda pública total menos activos financieros del Estado) es incluso menor: 22.6% del PBI al primer trimestre del 2026. Claramente, el Perú goza hoy de un margen fiscal importante para financiar la reducción de la brecha de infraestructura, aunque este no constituye un cheque en blanco.

5. La solución al déficit de infraestructura no solo pasa por invertir más, sino, sobre todo, por invertir mejor. Para muestra, un botón: la nueva refinería de Talara. Este proyecto de inversión pública destruyó más de US$ 8,000 millones de valor para Petroperú y demandó alrededor de US$ 5,000 millones de recursos fiscales en los últimos cuatro años.

6. Sin duda, nuestra capacidad de acometer malos proyectos de inversión pública es enorme. El Banco Mundial estima que, entre el 2012 y el 2023, casi el 45% de los proyectos de inversión pública en ejecución fueron abandonados en algún momento, y que el valor acumulado de estos equivalía al 17.3% del PBI. Entre las causas de este pobre desempeño se encuentran la baja calidad de preparación de los proyectos y el desplazamiento de obras en ejecución por nuevos proyectos que ingresan al presupuesto. Ello refleja, seguramente, la alta rotación de autoridades y el hecho de que el horizonte temporal relevante para los políticos es mucho menor que el de los ciudadanos.

7. Las soluciones no son fáciles. La obra pública tradicional se ha caracterizado por una serie de problemas: expedientes técnicos deficientes, retrasos, sobrecostos, paralizaciones y corrupción. Los acuerdos de gobierno a gobierno (G2G) son costosos y, según un estudio reciente de la CGR, no han probado ser más eficientes en términos de plazos de ejecución. Las APP y las OxI son opciones interesantes porque pueden atenuar el costo fiscal, pero no escapan de la necesidad de contar con buenos estudios de ingeniería, estudios de factibilidad sólidos, y un marco legal y contractual adecuado.

8. Es útil recordar que recientemente el FMI recomendó proteger la inversión pública productiva en el Perú. En su evaluación de mayo último, señaló que la consolidación fiscal del país debe preservar espacio para la inversión pública, pero acompañándola de mejoras en la calidad y eficiencia de los proyectos, de modo que el ajuste fiscal no comprometa inversiones capaces de impulsar el crecimiento.

9. De lo que se trata, entonces, es ejecutar buenos proyectos de inversión pública para cerrar progresivamente la brecha de infraestructura. La clave es “buenos proyectos”. Proyectos de inversión pública con una alta tasa de retorno –sobre todo aquellos que viabilizan rápidamente proyectos de inversión privada–, contribuyen a acelerar el crecimiento potencial de la economía. Incluso si este tipo de proyectos se financian enteramente con deuda pública, es posible prever que a la vuelta de unos años el efecto acumulado de estos flujos terminaría reduciendo el ratio deuda pública/PBI, contribuyendo así a la sostenibilidad fiscal y no socavándola. El problema se reduce, entonces, a la calidad de la inversión pública, no al nivel de ella.