Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

 

¿Puede alguien convertirse en una persona distinta de lo que realmente es solo porque otros lo gritan, lo repiten y lo proclaman a los cuatro vientos?

El ser y el parecer no siempre coinciden. A fuerza de repetirse una idea con furibunda intensidad, una persona normal puede ser convertida, ante la percepción pública, en santa o en monstruo, sin ser necesariamente ninguna de las dos cosas.

Este análisis está alejado de simpatías o antipatías, de cariños u odios, de adhesiones o rechazos viscerales. Les pido algo poco común en política, y menos aún en tiempos electorales: objetividad e imparcialidad.

Si algo de lo que aquí expongo contradice su pensamiento o su conocimiento previo, no lo descarte a priori. Revise los hechos, las fuentes y los datos. Tal vez sea usted quien esté equivocado.

A la persona central de este artículo no la conozco más allá de un saludo cordial en dos ocasiones. Por tanto, mis comentarios, apreciaciones y conclusiones no se basan en cercanía personal alguna, sino en hechos públicos, conocidos y verificables.

Vamos al punto.

Desde que Keiko Fujimori ganó la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2026 y Rafael López Aliaga quedó perfilado fuera de la segunda vuelta, el antifujimorismo salió nuevamente de su sarcófago. Pero no solo eso: algunas personas que parecían sensatas, moderadas y casi racionales se transformaron, de pronto, en furibundos antifujimoristas.

Unos lo hacen sutilmente, intentando aparentar objetividad; otros, abierta y desembozadamente. La acusación más repetida es que Keiko Fujimori sería igual a su padre, que habría demostrado ser una pertinaz antidemócrata y que, de llegar al poder, instauraría una dictadura. Luego vienen los estribillos conocidos: el “pacto mafioso”, las “leyes pro crimen” y toda la artillería retórica del antifujimorismo.

Pero ¿es cierto todo ello?

¿Es Keiko Fujimori una persona antidemocrática?

¿Es realmente igual a Alberto Fujimori?

¿Ha actuado como una dictadora?

Veamos.

Keiko Fujimori fue elegida congresista en 2006, a los 31 años. Dicho sea de paso, fue la congresista más votada de la historia del Perú, con más de 602 mil votos. Fue criticada por sus licencias por maternidad y estudios, pero también fue reconocida por promover normas importantes, como aquellas destinadas a restringir beneficios penitenciarios para autores de delitos graves y endurecer el tratamiento legal contra reincidentes.

En 2010, hace 16 años, fundó Fuerza Popular. En 2011 postuló por primera vez a la Presidencia de la República y pasó a segunda vuelta contra Ollanta Humala. Fue allí donde el antifujimorismo moderno tomó cuerpo como una maquinaria política, mediática e intelectual orientada a impedir su llegada al poder.

En esa campaña, Keiko Fujimori declaró públicamente:

“Yo soy consciente de que represento al fujimorismo y, como tal, tengo que reconocer y pedir perdón por estos errores y comprometerme a que nunca más estos errores y delitos se van a volver a cometer”.

A pesar de ello, una intensa campaña nacional e internacional contra el fujimorismo terminó inclinando la balanza a favor de Ollanta Humala. Keiko perdió, reconoció la derrota y felicitó al ganador.

Durante el gobierno de Humala, Fuerza Popular, con 37 congresistas, ejerció una oposición democrática y, en varios momentos, constructiva. Así lo reconocieron incluso analistas independientes.

En 2016, con 41 años, Keiko Fujimori realizó una campaña intensa por todo el país y obtuvo un resultado contundente en primera vuelta: más del 39% de los votos, muy por encima de Pedro Pablo Kuczynski, quien alcanzó alrededor del 20%.

Entonces, nuevamente, se encendió la maquinaria antifujimorista. Otra vez el miedo. Otra vez la misma consigna: “Keiko será dictadora”. “Keiko es igual a Alberto Fujimori”. “Keiko acabará con la democracia”.

Ante ello, Keiko firmó el llamado Compromiso de Honor con el Perú, fechado el 3 de abril de 2016, en el que señaló:

“Sé mirar la historia de mi país. Sé qué capítulos se deben repetir y tengo muy claro cuáles no. Por ello, buscando la reconciliación y pensando en el futuro del país:

Me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos.

Me comprometo a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión.

Me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de poderes.

No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia.

Me comprometo a encargar a la oposición la presidencia de las comisiones de Fiscalización y de Inteligencia del Congreso de la República.

Me comprometo a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y a reparar a las víctimas de la violencia, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva.

Me comprometo a respetar la no reelección presidencial establecida en nuestra Constitución Política.

Finalmente: nunca más un 5 de abril”.

Ese compromiso tuvo impacto político. Keiko subió en las encuestas. Entonces, a una semana de la elección, el programa Cuarto Poder difundió un reportaje que la vinculaba con una supuesta investigación de la DEA por lavado de dinero y narcotráfico.

Ese reportaje fue determinante. Keiko perdió frente a PPK por apenas 40 mil votos, una de las diferencias más estrechas en la historia electoral peruana.

Después se supo que la DEA no había investigado a Keiko Fujimori ni a sus allegados en los términos difundidos. Aquello fue una operación política y mediática de enorme impacto electoral. Una infamia que alteró el curso de una elección.

Aun así, Keiko reconoció la derrota.

Fuerza Popular obtuvo 73 congresistas. Es cierto que la relación entre Keiko y PPK fue tensa. También es cierto que la actuación de Fuerza Popular en ese periodo no fue la mejor. Hubo errores políticos graves, especialmente en el uso de la vacancia presidencial, que abrió una caja de Pandora institucional. Keiko Fujimori ha reconocido esos errores y ha señalado que aprendió de ellos.

Pero una cosa es cometer errores políticos y otra muy distinta es ser dictadora.

En ese contexto surgió también el caso Lava Jato y la acusación fiscal contra Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez la presentó como cabecilla de una organización criminal. Junto con el juez Richard Concepción Carhuancho y otros operadores del sistema judicial, se desató una verdadera cacería política y judicial.

Keiko Fujimori fue encarcelada preventivamente en tres ocasiones, acumulando aproximadamente 16 meses de prisión preventiva.

Y aquí hay un punto central: durante todos esos años, Keiko asistió a todas las citaciones, acudió a todas las audiencias, aceptó todas las resoluciones judiciales y soportó sus prisiones preventivas sin fugar, sin evadir la justicia, sin desconocer al sistema y sin llamar a la insurrección, a pesar de tener poder político, bancada parlamentaria e influencia nacional.

Ese comportamiento no es el de una dictadora. Es el de una dirigente sometida, incluso injustamente, al Estado de derecho.

El Congreso elegido en 2016 fue luego disuelto inconstitucionalmente por Martín Vizcarra. Keiko Fujimori y Fuerza Popular aceptaron esa decisión casi sin protestar, aun cuando los golpeaba directamente.

Luego vino el Congreso corto de 2020, donde Acción Popular fue la primera minoría y Fuerza Popular obtuvo solo 15 congresistas. El descalabro que terminó con la vacancia de Vizcarra, la llegada de Merino y la posterior asunción de Sagasti fue consecuencia, principalmente, de las pésimas decisiones de Acción Popular y de las fracturas internas de ese momento político.

En ese periodo, la actuación de Keiko Fujimori y su bancada fue más bien responsable.

Entre 2016 y 2021, la institución presidencial se deterioró gravemente. También se deterioró la imagen de Keiko, en parte por errores propios y en parte por la actuación de algunos congresistas de su partido. Sin embargo, con una tenacidad poco reconocida, Keiko decidió volver a competir en 2021, a pesar de la prisión, la persecución judicial y la demoledora campaña antifujimorista.

La elección de 2021 fue atípica, marcada por la pandemia, la fragmentación política y la proliferación de candidaturas, producto de una reforma política fallida que multiplicó partidos como conejos.

Keiko pasó a segunda vuelta junto a Pedro Castillo, un outsider que representaba a la izquierda marxista provinciana. Durante esa campaña, volvió a pedir disculpas por errores propios y de su partido, y se comprometió nuevamente con la democracia, la libertad de expresión y el Estado de derecho.

Pedro Castillo le ganó por poco más de 40 mil votos.

Fuerza Popular cuestionó la actuación del JNE, especialmente la decisión de no revisar alrededor de 800 actas presentadas fuera de plazo. Keiko y su partido denunciaron fraude, porque entendían que la revisión integral podía cambiar el resultado. La decisión de Jorge Salas Arenas de impedir esa revisión fue, como mínimo, profundamente cuestionable en una democracia que debía despejar toda duda.

Sin embargo, finalmente, el 19 de julio de 2021, Keiko Fujimori y Fuerza Popular reconocieron el triunfo de Pedro Castillo. Ese gesto le dio gobernabilidad inicial a un régimen que estaba en sus antípodas ideológicas. La amarga experiencia de 2016 les había dejado una lección.

En 2021, Fuerza Popular obtuvo 24 congresistas y se convirtió en la primera minoría parlamentaria.

Durante los años previos, desde la llegada de Ollanta Humala, sectores de izquierda, progresistas y caviares vinculados a determinadas ONG fueron copando progresivamente instituciones claves del Estado: el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la JNJ, la Sunedu, el Tribunal Constitucional, el sistema electoral y otros espacios de poder.

El Congreso elegido en 2021, dominado por fuerzas democráticas de derecha, centro derecha y parte de una izquierda provinciana no caviar, fue desmontando paulatinamente ese entramado de poder ideológico. Se corrigieron excesos, se renovaron instituciones, se reemplazaron cuadros abiertamente ideologizados y se reafirmaron principios básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de poner límites a la persecución judicial indefinida.

A eso, la izquierda y los sectores caviares lo llamaron “pacto mafioso”.

Se revisaron también normas y prácticas que habían convertido el sistema penal en una herramienta de persecución política. A eso lo llamaron “leyes pro crimen”.

Sin más argumento que su rencor por el poder perdido y su vocación totalitaria.

La salida de Pedro Castillo del poder se produjo porque dio un golpe de Estado. La asunción constitucional de Dina Boluarte, su vicepresidenta, fue consecuencia directa del orden constitucional. Dina decidió apartarse del rumbo catastrófico de Castillo y fue respaldada por el Congreso. A eso también lo llamaron “pacto mafioso”.

Pero no fue otra cosa que la aplicación básica de la democracia constitucional.

En síntesis, la actuación de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori durante este quinquenio fue democrática, legal y apegada a la Constitución.

Todo el poder que la izquierda perdió con la caída de Castillo intenta recuperarlo ahora mediante una alianza tácita entre sectores marxistas, caviares, antifujimoristas recalcitrantes y enemigos históricos del modelo democrático y económico que permitió sacar a millones de peruanos de la pobreza.

Por eso gritan: “dictadora”, “antidemocrática”, “autoritaria”.

Pero esa grita desaforada es falsa.

Si hay alguien que, durante los últimos veinte años, ha respetado el sistema democrático, se ha sometido al Estado de derecho, ha aceptado derrotas electorales, ha cumplido resoluciones judiciales, ha soportado prisiones preventivas, ha reconocido resultados adversos y ha seguido participando dentro de las reglas del sistema, esa persona es Keiko Fujimori.

Quienes la insultan pretenden que no revisemos los hechos. Quieren impedir que analicemos con serenidad su trayectoria. Porque, más allá de sus errores, que los ha tenido; y de sus defectos, que también existen, hay algo que debe reconocerse: Keiko Fujimori ha demostrado una conducta democrática persistente, reiterada y verificable.

Al frente, en cambio, está Roberto Sánchez.

Un político que se apropió políticamente del partido de quien fue su mentor, que participó activamente del gobierno de Pedro Castillo, que acompañó el proceso que terminó en el golpe de Estado y que luego buscó refugio político en el Congreso.

Un político que, hace apenas un año, sostuvo públicamente que la asonada golpista de Antauro Humala —que causó la muerte de policías durante el Andahuaylazo contra un gobierno democrático— fue apenas un “acto político”.

Un político cuyo plan de gobierno amenaza la libertad de expresión mediante mecanismos de control social disfrazados de participación ciudadana.

De ese proyecto sí hay razones objetivas para preocuparse. Allí sí hay un peligro real para la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

Por eso, si alguien merece no solo el beneficio de la duda, sino el reconocimiento de la razón, los hechos y el sentido común, es Keiko Fujimori. Durante veinte años ha sido parte central de la vida democrática peruana. Ha ganado, ha perdido, ha reconocido resultados, ha enfrentado procesos, ha cometido errores, ha rectificado y ha seguido actuando dentro del sistema.

Por ello, no solo puede hacer un gobierno democrático. Puede hacer, precisamente por todo lo vivido y aprendido, uno de los mejores gobiernos de este siglo.

La izquierda lo sabe. Los marxistas lo saben. Los caviares lo tienen clarísimo. Por eso quieren impedir que llegue a la Presidencia.

Y por eso los demócratas debemos impedir que los totalitarios, los destructores del sistema y los enemigos de la libertad logren su cometido.

Ya nos engañaron con Humala, y fueron cinco años perdidos.

Nos manipularon con PPK, y comenzó el caos.

Nos embaucaron con Castillo, y el caos se convirtió en catástrofe.

Esta vez no podemos permitir que el falso miedo a Keiko nos lleve al chavismo más oscuro, retrógrado y destructivo.

Miren a Venezuela.

Atrapada en un pozo profundo, doloroso y desolador.

¿Eso queremos para nuestra patria?