Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

El Perú atraviesa una de sus coyunturas más peligrosas desde el retorno a la democracia. La violencia criminal cobra alrededor de 180 vidas cada día; el Fenómeno del Niño ahora amenaza con destruir infraestructuras, cosechas y economías regionales; y el Estado —desmantelado durante doce años de hegemonía socialista— carece de las herramientas mínimas para responder con eficacia ante este contexto. Recordemos que el Ejecutivo, constitucionalmente elegido, ha solicitado facultades extraordinarias amparado en el artículo 104 de nuestra Constitución para enfrentar una emergencia que ya no admite dilaciones. Sin embargo, la izquierda parlamentaria ha decidido convertir esta tragedia nacional en perverso instrumento de obstrucción política.

Desde la cuestionada elección de abril —cuya legitimidad varios sectores consideramos viciada por la actuación de la ONPE bajo el socialista Piero Corvetto—, la izquierda viene usando esos votos ajenos que recibió para inmovilizar al gobierno de Keiko Fujimori. No legisla: sabotea. No debate: interrumpe. Tampoco fiscaliza: bloquea. La sesión de la Comisión de Constitución del pasado martes es una demostración grotesca de esta estrategia.

Tras escuchar la exposición del Ejecutivo sobre la devastadora inseguridad heredada, Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión, levantó la sesión sin haber concluido el debate, dejando en suspenso un predictamen que proponía archivar —sin debate alguno— la solicitud de facultades legislativas. Su frase infame, incoherente y cantinflesca pretendió justificar lo injustificable: “El documento que hemos presentado no se debate; se debaten los argumentos…”; declaración que revela no solamente precariedad profesional, sino desprecio por el procedimiento parlamentario y, fundamentalmente, por la urgencia nacional.

El oficialismo lo dijo con claridad. El diputado Arturo Alegría le espetó: “El Ejecutivo quiere orden y usted no lo quiere”. Tenía muchísima razón. Las izquierdas no buscan limitar facultades, como corresponde en cualquier Estado constitucional: ¡procuran impedirlas! Su propósito tampoco es perfeccionar el control político, sino paralizar al gobierno para profundizar el caos y capitalizarlo políticamente.

Mientras tanto, Renovación Popular —con sensatez institucional— recordaba que la función del Congreso no es archivar, sino delimitar. Su propuesta, concentrada en seguridad ciudadana y en la mitigación del Fenómeno del Niño, ni siquiera fue considerada. La izquierda, atrincherada en consignas, persiste en que otorgar facultades sería entregar un “cheque en blanco”; argumento falaz, porque desconoce que la delegación legislativa es un mecanismo constitucional sujeto a control, fiscalización y revocatoria.

El Perú se desangra. La criminalidad organizada —con redes internacionales y financiamiento de alto calibre— avanza respaldada por la inacción legislativa. La pesca colapsa, las cosechas se pierden, las lluvias amenazan con anegar regiones enteras. Y mientras tanto, este Congreso capturado por el socialismo se dedica a profundizar la crisis para imponer su proyecto comunista.

La democracia peruana no puede tolerar que la emergencia nacional sea utilizada como arma política. Negar facultades extraordinarias en un contexto de emergencia no implica oposición: es NEGLIGENCIA CRIMINAL. Es sabotaje institucionalizado. Es jugar con la vida de millones de peruanos.

El país demanda acción. Lamentablemente, el Congreso ofrece obstrucción. La historia juzgará a quienes, pudiendo salvar vidas, prefirieron hundir al Perú para imponer su agenda comunista.