Por Alfonso Baella Herrera, CEO de CanalB.pe

Hay momentos en los que un país debe mirarse de frente, sin maquillaje, sin excusas y sin pretextos. Este es uno de ellos. Porque lo que hemos vivido en las últimas dos décadas no es casualidad ni error: es una operación meticulosa, sistemática y silenciosa para tomar el control del Estado disfrazada de moral, ciudadanía y justicia.

La doble moral se convirtió en doctrina; los falsos referentes en guías espirituales; la manipulación de la información en evangelio obligatorio. Un pequeño grupo —periodistas militantes, abogados activistas, comunicadores convertidos en fiscales, y siempre la misma ONG que funciona como fábrica y distribuidora de “talentos”— han impuesto una narrativa de superioridad moral que se desmorona apenas se les mira de cerca.

La fórmula ha sido idéntica desde el día que cayó el gobierno de Alberto Fujimori: descalificar, acusar, destruir reputaciones, inventar inmoralidades cuando no alcanzaba la corrupción, fabricar indignación para apropiarse de instituciones y, desde ahí, construir un Estado policiaco que responde a una sola línea ideológica: progresista, woke y abiertamente izquierdista.

Desde entonces, detrás de cada gobierno —Toledo, Humala, Villarán, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Castillo— aparecen las mismas manos, los mismos apellidos, los mismos “expertos independientes” que jamás rinden cuentas pero que hablan como si fueran los dueños de la decencia nacional. Operadores que han convertido el país en un circo: malabaristas de la moral, contorsionistas de la ley, magos expertos en desaparecer millones mientras predican transparencia.

La verdadera subversión no vino de los radicales de siempre, sino de quienes infiltraron las instituciones desde adentro: el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia. Entraron como reformistas y terminaron actuando como comisarios ideológicos. A ellos se sumaron medios que olvidaron el deber con el país y abrazaron agendas extranjeras, recursos foráneos y una narrativa ajena al Perú real.
Antes eran familias con sentido de patria; hoy son marquesinas sin alma.

Si uno repasa los nombres con calma, encuentra siempre las mismas caras. Caras que no defienden a hombres probos, sino a su propia cofradía. Caras que celebraron a Toledo, a Humala, a Vizcarra, a Castillo. Cuatro presidentes procesados o presos. Tres primeras damas asiladas o fugadas. Un país saqueado, una república humillada. Y, mientras tanto, millones en corrupción, millones en consultorías, millones en ONG que dicen representar al pueblo pero viven del Estado que dicen combatir.

Esa es la izquierda real: la que destruye mientras acusa; la que predica moral mientras roba; la que habla en nombre del pueblo mientras vive lejos de él.

Pero no podemos quedarnos solo en la denuncia. Este es un momento definitorio para el país.

Porque si algo nos ha enseñado esta larga noche es que ningún poder oscuro prospera cuando un pueblo despierta. Nada puede contra ciudadanos que deciden mirar de frente, dejar de tragar discursos prefabricados y exigir responsabilidad a quienes se creen dueños de la verdad.

El Perú puede cambiar —y debe cambiar— si dejamos de delegar nuestra libertad en los mismos que han lucrado con ella.
No basta votar bien: hay que vigilar, fiscalizar, denunciar, compartir la verdad desde nuestras redes, nuestras comunidades, nuestras voces.
Tenemos que recuperar la república, centímetro a centímetro, institución por institución, palabra por palabra.

El país no está condenado. Está esperando.
Esperando que los peruanos decidamos ponernos de pie y decirle a esta cofradía moralizante: se acabó la era de la mentira impune.
Se acabó el tiempo de los falsos santos.
Se acabó el monopolio de la moral.

El futuro del Perú no será escrito por ONGs, ni por comisarios ideológicos, ni por operadores encubiertos.
Será escrito por los ciudadanos que decidan participar, fiscalizar y defender su libertad.