Por Alejandro Muñante, publicado en Expreso

Ciertos operadores mediáticos, aliados del feminismo radical, la ideología de género y la izquierda neomarxista, han salido nuevamente a desinformar sobre el Proyecto de Ley N.° 11561, que sanciona las denuncias falsas en procesos de violencia familiar.

Apenas el proyecto fue agendado en la Comisión de la Mujer y Familia, comenzaron los ataques y las mentiras de siempre: que “se quiere meter presa a toda mujer que denuncie”, que “se busca favorecer a agresores” o que “la ley pretende silenciar víctimas”. ¡Nada más falso!

Lo primero que debe quedar claro es que este proyecto no busca desincentivar las denuncias reales de violencia, las cuales todos condenamos. Lo que esta iniciativa busca es proteger el sistema judicial frente a quienes lo instrumentalizan para destruir honras, separar a padres de sus hijos y manipular procesos familiares mediante acusaciones fabricadas.

Hoy existen muchos procesos judiciales sin sustento que terminan saturando fiscalías y juzgados. Y eso perjudica directamente a las verdaderas víctimas de violencia, porque mientras el sistema pierde tiempo y recursos en denuncias falsas, hay mujeres que realmente necesitan que la justicia dirija todos sus esfuerzos —en personal, recursos y atención inmediata— a sus casos.

Pero hoy la realidad es otra: muchas mujeres llegan a una comisaría y ni siquiera reciben oportunamente su denuncia debido a la enorme carga procesal, gran parte de ella originada por denuncias sin pruebas.

Algunos críticos sostienen que este proyecto “no es necesario” porque el delito de denuncia calumniosa ya existe en el Código Penal. Sin embargo, omiten mencionar que nuestro ordenamiento jurídico contempla múltiples tipos penales específicos derivados de figuras generales. Así ocurre, por ejemplo, con el parricidio respecto al homicidio, o con la apología al terrorismo respecto de la apología genérica. Por tanto, establecer un tipo penal específico para denuncias falsas en el contexto de violencia familiar es perfectamente legítimo y necesario.

Otra mentira difundida es que cualquier mujer que no logre probar una agresión terminará presa. Eso es absolutamente falso. La propuesta solo contempla responsabilidad penal cuando la justicia determine expresamente —una vez culminado el proceso— que los hechos nunca existieron o que hubo manipulación deliberada de pruebas o documentos.

Es decir, debe acreditarse judicialmente la inexistencia de los hechos o la adulteración dolosa de información.

La Ley 30364 no puede convertirse en un arma de venganza o manipulación. Combatir las denuncias falsas no es atacar a las víctimas. Por el contrario, es proteger a las verdaderas víctimas, defender la verdad, el debido proceso y una justicia con igualdad ante la ley para todos.