Por Carlos Adrianzén, publicado en El Montonero
   

Inicialmente basta con cerrar el déficit fiscal y optimizar la gobernanza

 

Esta semana, Keiko Fujimori Higuchi ha sido proclamada presidenta electa del Perú. Muchos sostienen que su tarea será muy sencilla: que, luego más de una década de un mercantilismo-socialista bastante oscuro —desde Humala hasta Balcázar—, recibirá una economía en espléndida forma.

 

Se afirma incluso que la diferencia con el caos que enfrentó su padre, al suceder el desastre económico de la Izquierda Unida y el APRA en 1990, sería abismal. Pero, conviene recordar aquel escenario. Un país convertido en nación fallida por el mercantilismo-socialista inoculado desde los aciagos días de la dictadura velasquista y prolongado en gobiernos dizque democráticos. Éramos una plaza devastada por la hiperinflación, cercada por el terrorismo y con estándares de vida similares a los de naciones africanas de la época.

 

Pero tomémonos un tiempo para ponderar una narrativa bastante superficial. Quienes hoy repiten que la economía está sólida no tienen cifras. Los peruanos tenemos hoy una economía con un severo problema fiscal, muy trabada institucionalmente y en diferentes planos. La última década, marcada por prostitución institucional y anti-reformas de mercado, nos ha infligido severos daños. La pobreza se ha enervado, no captamos inversiones y el ritmo de crecimiento económico es bastante mediocre.

 

La narrativa de los opositores derrotados —infiltrada bajo el rótulo de la conveniencia de un “régimen de ancha base”— busca ocultar estos fracasos y errores, insistiendo en que el Perú dibujaría en cambio ejemplo de éxito regional. Todo se encubre: los errores regulatorios; los sucesivos colapsos de Petroperú, el empobrecimiento de departamentos mediterráneos, el sablazo al sistema previsional privado, el incumplimiento de la meta inflacionaria, el quiebre de la regla fiscal, el estancamiento minero, la caída de la inversión privada y el retroceso relativo del ingreso per cápita. 

 

Si la presidente electa –al asumir– acepta minimizar este hoyo económico heredado de la izquierda y no emprende una impopular senda de reversión, pronto se le imputará la responsabilidad de casi todo. No olvidemos que la izquierda local conserva poder: controla medios, oenegés, gremios, burocracias y hasta púlpitos. Dentro de este marco, en estas líneas enfocaré solo dos bombas de tiempo: la Fiscal y la Institucional. Ambas trabadoras, complejas y difíciles de desactivar. 

 

La fiscal 

 

Es sano reconocer que la primera figura nos machaca que hemos tocado el techo de la presión tributaria. Cuando alguien le dibuje un ajuste tributario inevitable, efectivo y benéfico, se está equivocando. Somos una nación pobre, recaudamos selectivamente y poco. A ciertos peruanos les cargamos impuestos, destructivamente. Hasta el límite. Como si fueran europeos. Bajo este cuadro, los desequilibrios fiscales resultan recurrentes, desde los setenta.

 

Hoy por hoy, el Banco Central de Reserva ruega por responsabilidad fiscal; el Congreso, en cambio, deja compromisos fiscales incumplibles y vulnera la Constitución con iniciativas de gasto avaladas por el Tribunal Constitucional. La deuda pública ya es abultada y es más costosa. En el mejor escenario para el 2026, el crecimiento por habitante apenas alcanzaría un 2% real. Un programa reactivador a la usanza setentera sería inviable.

 

Endeudarse o subir impuestos indiscriminadamente serían errores garrafales que precipitarían en relativamente poco tiempo otra crisis política. En simple, hoy no hay de dónde sacar plata. Toca reducir gasto y cerrar el déficit, como lo hizo el padre de la presidente electa hace 25 años. Entonces en el MEF se gastaba lo recaudado, y punto. 

 

La lección histórica es clara: desde 1970, todos los intentos de elevar la presión tributaria fracasaron, ortodoxos y heterodoxos. La recaudación solo aumenta con un crecimiento robusto y sostenido. El ceder a las presiones políticas para elevar presupuestos, habiendo alcanzado un nivel tope de recaudación tributaria y teniendo acceso solo a un endeudamiento costoso interna y externamente, implica un cuadro insostenible. Ceder equivale a encender una suerte de bomba de tiempo activada por el ejecutivo y legislativo saliente.

 

La clave para desactivar esta bomba implica un camino diferente 

 

Gestionar: consolidar el orden (una burocracia eficaz) y la limpieza (una burocracia no corrupta), en todos los niveles de gobierno. Con ello se puede dar un adelgazamiento ordenado de lo estatal, liberando recursos para las familias y empresas. Y nótese. Sin ello, ninguna tasa de presión tributaria alcanzaría. 

 

Y note otro detalle clave que nos deja la evidencia regional. Sin elevar significativamente libertades políticas y económicas, la reducción de la corrupción será pura retórica. Palabreo.

 

La bomba institucional 

 

Asimismo, no olvidemos lo nuclear. Más grave aún que mantener o expandir el déficit fiscal heredado, resulta ignorar la degeneración institucional. Los regímenes accidentados post-2011 deterioraron –en modo que parecemos no haber percibido– la gobernanza estatal transversalmente. En ministerios, entes departamentales, alcaldías y empresas públicas. 

 

El gráfico muestra que Keiko recibe un aparato estatal 7.4 puntos más corrupto que el de su padre, ubicándonos en rango de extrema corrupción, ya cercano a México o Bolivia. La eficacia estatal, deprimida, bajo esta explosión de la corrupción, se desploma aún más. No hay que correr paneles dinámicos para descubrir que el costo social de esta degeneración ya sería abultado. 

 

Gobernanza y regulación 

 

Por otro lado, el deterioro regulatorio y la debilidad en la defensa del orden público agravan el cuadro. Hace al régimen frágil e impopular. Paralelamente, ha erosionado la calidad regulatoria, afectando directamente la inversión y la seguridad jurídica. Abusando persistentemente. 

 

Y esto nos conecta con otro plano.

 

El círculo vicioso 

 

El menoscabo del cumplimiento de la Ley, junto al retroceso en control de la corrupción burocrática, cierra un círculo: incumplimiento y exclusión masivos. Es decir, la informalidad como parte del sistema. Corregir estos defectos no será tarea popular, ni breve.

 

Enfrentar este reto no cabe en programas de “100 días”. Tomará años y será ineludible. Y es que, sin reformas fiscales y de gobernanza, el próximo gobierno no podrá alcanzar un crecimiento alto ni mayor estabilidad nominal. Todo cambiará (en apariencia) … para que nada cambie (en los hechos).

 

Prueba de liderazgo 

 

Quitándonos el poncho de la desinformación, la magnitud del desafío heredado de la década de gobiernos de izquierda caviar y filosenderista es tal que los peruanos preferimos no hablar de él. Esto descubre la reducida probabilidad que esta vez –otra vez– el gobierno peruano haga lo que debe hacer. 

 

Inicialmente, basta con cerrar el déficit fiscal y optimizar la gobernanza estatal drástica y transversalmente. Y es que limpiar y ordenar no es tarea fácil, ni popular. Requiere un liderazgo empático… pero firme. Dados los antecedentes, el pronóstico aquí resulta reservado. Será pues una enorme prueba de liderazgo.