Por Fernando Rospigliosi, publicado en Expreso

El crecimiento descontrolado de la delincuencia ha suscitado una oleada de propuestas para combatirla, algunas bien intencionadas y otras que tienen el propósito de lograr algún beneficio político o de otra índole a sus autores.
Una de las más difundidas es la de calificar a los delitos comunes como “terrorismo urbano”. Muchos políticos, supuestos expertos y varias decenas de organizaciones empresariales la han asumido con un entusiasmo digno de mejor causa.
Aunque algunos de sus autores lo ignoren, esa idea tiene su origen en el Decreto Legislativo 895 del 22 de mayo de 1998, Ley Contra el Terrorismo Agravado, que fue usada para juzgar en tribunales militares a delincuentes comunes. En esa época, los terroristas de SL y MRTA eran procesados por tribunales militares sin rostro. Al calificar como terroristas a los delincuentes comunes, se les juzgó también en tribunales castrenses.
La ley establecía plazos y sentencias drásticas. El Fiscal Militar acusaba al delincuente a las 24 horas de haber recibido el atestado policial. El Juez Militar abría instrucción en 24 horas con orden de detención, sin posibilidad de libertad. La instrucción duraba solo 20 días. Y así.
Al igual que las medidas similares adoptadas contra el terrorismo desde 1992, estas fueron muy eficaces y ayudaron a revertir la ola delincuencial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló en 2001 todas las sentencias de los tribunales militares, contra terroristas y delincuentes comunes, sobrecargando al sistema judicial que tuvo que volverlos a procesar a todos.
Hoy día, como es obvio, esa posibilidad es inviable. Se requiere un gobierno con poderes absolutos y con liderazgo, cosa que no existe.
Lo que sí se puede hacer por el momento es retornar al Fuero Militar Policial algunas de las competencias que le han sido arrebatadas para procesar a militares y policías acusados por delitos de función. Para eso me reuní con el presidente y miembros del Fuero Militar Policial la semana pasada, para coordinar un proyecto de ley que he preparado.
En suma, a la delincuencia no se le va a derrotar con palabras altisonantes, ni con definiciones apocalípticas. Tampoco con penas más altas -que no se cumplen-, como creen muchos. En diciembre, el Gobierno estableció 30 años de cárcel por el robo de un celular, sin que eso haya tenido ningún efecto significativo sobre ese delito.
Como bien ha dicho el abogado Carlos Caro, “la legislación vigente permite imponer hasta cadena perpetua por extorsión. Tipificar el terrorismo urbano será un simple saludo a la bandera”. (La mafia caviar miente, como siempre, y dice ahora, por ejemplo, que con la ley de crimen organizado no se puede sancionar la extorsión).
El asunto es que el sistema judicial está dañado, la fiscalía politizada y en crisis permanente, los penales hacinados, la policía disminuida y perseguida por la mafia caviar, y el Gobierno carente de liderazgo y decisión para enfrentar la crisis.
Se requiere liderazgo y energía para derrotar a la delincuencia.
Soluciones radicales.