Por Santiago Carranza-Vélez, publicado en La Gaceta

Han pasado diez años desde que Iberoamérica adoptó con la Agenda 2030 de la ONU. Hoy, el balance está lejos de la utopía prometida. Bajo el envoltorio seductor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se esconde una maquinaria ideológica que ha condicionado presupuestos, reformado legislaciones y transformado el lenguaje político de todo el continente. El resultado: pérdida de soberanía nacional, marginación de la familia y desplazamiento de la fe religiosa en sociedades mayoritariamente cristianas.

Demos algunos ejemplos. En México, un decreto presidencial de 2019 creó un Consejo Nacional de la Agenda 2030 encargado de alinear todas las políticas federales y locales con los mandatos de Naciones Unidas. En Ecuador, la Agenda fue elevada a política pública mediante decreto en 2018. En Perú, el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026 vinculó la planificación nacional a las prioridades de la ONU. De esta manera, Iberoamérica se ha visto forzada a reportar avances periódicos ante organismos internacionales, situando a tecnócratas globales como árbitros de políticas nacionales.

Uno de los puntos más denunciados es la omisión deliberada de la familia en la Agenda 2030. Ni padre, ni madre, ni matrimonio aparecen en los ODS. Tampoco hay referencia alguna a la religión o a la trascendencia espiritual del ser humano. Para regiones como Iberoamérica —con sociedades profundamente marcadas por valores familiares y fe cristiana— esta omisión no es un detalle: es un signo de un proyecto ideológico que pretende reconfigurar la cultura desde arriba, según han recogido informes de la Fundación Origen.

El argentino Sebastián Schuff, presidente del Global Center for Human Rights, lo resumió sin rodeos: la ONU y sus organismos «propagan una agenda radicalmente contracultural que sostiene la ideología de género como base de la persona, el aborto como derecho humano sagrado y la restricción de la libertad religiosa». Ante parlamentos mayoritariamente provida y profamilia, los promotores recurren a atajos supranacionales para imponer cambios que no prosperarían en el debate democrático.

Bajo palabras como igualdad de género o salud sexual y reproductiva, los ODS han introducido conceptos cargados de ideología. El ODS 5, sobre igualdad de género, se ha convertido en caballo de Troya de la ideología de género en planes educativos y legislaciones. La meta 3.7, que habla de «garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva», se ha traducido en promoción del aborto y anticoncepción masiva en varios países de la región.

Este fenómeno ha sido calificado como «contrabando ideológico»: un lenguaje atractivo y positivo que oculta reformas profundamente divisivas. El resultado es un choque cultural evidente. En Argentina, la legalización del aborto en 2020 fue aplaudida como cumplimiento de compromisos internacionales. En Chile, la ley de identidad de género se presentó como parte de la modernización del país. En México y Colombia, los currículos escolares se rediseñaron bajo el enfoque de género. Todo con un común denominador: alinearse con los indicadores globales de la Agenda 2030.

El financiamiento internacional ha sido el arma más eficaz para imponer esta agenda. Diversos informes documentan cómo organismos multilaterales condicionan ayudas y préstamos a la adopción de políticas alineadas con los ODS. Países en desarrollo, necesitados de recursos, han visto restringida su capacidad de elección. Se habla de un verdadero chantaje económico: aceptar la agenda o renunciar a los fondos, según denuncian organizaciones como Population Research Institute, Origen o Global Center for Human Rights.

No sorprende que grandes industrias globales se beneficien del proceso. Farmacéuticas, corporaciones tecnológicas y fundaciones multimillonarias encuentran en los ODS un marco perfecto para expandir sus mercados en áreas como anticoncepción, aborto químico, hormonas de cambio de sexo o servicios digitales educativos. La sostenibilidad se convierte, así, en una coartada rentable.

Otro rasgo alarmante es el fortalecimiento de un poder tecnocrático que desplaza a los pueblos y sus valores. Informes como el de la Fundación CEU denuncian que la Agenda 2030 presenta al Estado —y por extensión a las burocracias internacionales— como el «nuevo salvador». La religión y la trascendencia humana quedan marginadas, sustituidas por un paradigma materialista y secular.

La propia Santa Sede ha expresado reservas sobre la Agenda, alertando que algunos de sus puntos chocan con la dignidad humana, la vida y la familia. Pero las advertencias han caído en saco roto. La maquinaria de Naciones Unidas sigue avanzando hacia lo que llama un «Pacto para el Futuro», que pretende prolongar y radicalizar la Agenda más allá de 2030.

El balance tras una década es contundente: la Agenda 2030 ha fracasado en sus promesas de erradicar la pobreza o reducir desigualdades, pero ha tenido éxito en algo más inquietante: homogeneizar las sociedades bajo un mismo patrón ideológico. Lejos de respetar la diversidad cultural, ha buscado uniformar a los pueblos, borrar sus tradiciones y debilitar sus identidades nacionales.

En Iberoamérica, donde alrededor del 90 % de la población se reconoce cristiana, esta colonización se siente como una traición. Diez años después, la Agenda 2030 no es un simple plan de desarrollo. Sus metas utópicas han servido para justificar un sistema de supervisión global y una ideología que avanza a golpe de decretos, ayudas condicionadas y propaganda educativa.