Por Rodrigo Ballester, publicado en La Gaceta

Ni la llegada masiva de cayucos a Canarias, ni el crimen de Solingen, ni los resultados de las elecciones en Turingia y Sajonia son ni una sorpresa ni un terremoto político: son meros recordatorios de las consecuencias de la inmigración masiva, de la criminalidad que conlleva y del clamor popular para que se frene en seco este sinsentido, sin dilaciones ni excusas. Después de éstos enésimos acontecimientos, llegará por fin el eco de este hartazgo hasta los oídos de Olaf Scholz y su coalición que en esas dos regiones ya ni representa ni un 15% de los sufragios? ¿Y, sobre todo,  lo escuchará en una UE que lleva décadas gestionando ésta política de manera calamitosa?

Lo dudo, por la sencilla razón de que en la UE, aunque los líderes se rasguen las vestiduras después de cada naufragio o atentado terrorista, prohibir la inmigración ilegal no es sólo un tabú, está… legalmente prohibido. Sobre todo desde el 13 de junio cuando el Tribunal de Justicia de la UE condenó a Hungría a una multa récord de 200 millones de euros y, de propina, un millón de euros diarios hasta que acate la sentencia. Lo nunca visto. ¿Porqué semejante castigo? Precisamente, por impedir la entrada de inmigrantes ilegales por la frontera húngara que es también la del espacio Schengen.

Veamos. Es cierto que la UE ha adaptado un desde hace décadas un arsenal legal para regular la inmigración incluido el control de fronteras. Para entrar en Europa, es necesario un visado, existen bases de datos sofisticadas para rastrear a los inmigrantes y un código Schengen que obliga a controlar las fronteras.  Hasta existe la Agencia Frontex que pese a haberse convertido en un nido de oenegés que,  más que controlar fronteras, controla a los Estados que pretenden controlarlas, de vez en cuando monta operaciones conjuntas por tierra y mar.

Pero también es cierto que la UE no deja de ser un inmenso coladero y que el flujo de inmigrantes ilegales no cesa. Al contrario, aumenta, principalmente por dos razones. La primera, la UE es incapaz devolver a ilegales. De media la UE solo consigue expulsar una cuarta parte de los ilegales. Segunda razón, íntimamente ligada a la primera, la dogmática y fraudulenta política de asilo europea. Los ilegales llegan a Europa con la lección bien aprendida de las oenegés y demás militantes de las fronteras abiertas: vengan de donde vengan, simulan ser perseguidos, con frecuencia mienten sobre su país de origen y solicitan el asilo. Cuando la administración se lo deniega, apelan la decisión ante un tribunal y hasta que éste se pronuncie, tienen todo el tiempo de escaquearse tranquilamente por todo un continente que no tiene fronteras internas. Para hacernos una idea, Francia ha acogido en los últimos siete años un número de solicitantes de asilo equivalente a la ciudad de Marsella, unos 825.000 y solo ha conseguido expulsar al 4% de los que no obtuvieron legalmente el estatuto de refugiados.

Dos conclusiones saltan a la vista: con un pie en Europa, es prácticamente imposible expulsar a un ilegal, y pedir asilo es la mejor manera de burlar la frontera. ¿Cuál es la solución? Obligar a los ilegales a pedir asilo en un país tercero, antes de entrar en la UE, no después. Exactamente lo que hacía Hungría desde hace años con resultados palpables y disuasorios. Pero (¡oh sorpresa!) la legislación europea considera que cada ilegal, aunque venga de un país donde no sufre ninguna persecución, tiene el derecho de entrar en la UE para solicitar asilo por si acaso y quedarse hasta que la justicia decida si es un refugiado o no. Es tanta la confusión que, a día de hoy, un guardia fronterizo no sabe si al arrestar a una persona que asalta una frontera está cumpliendo con el Código Schengen o violando las directivas europeas sobre asilo. Y llegamos al punto absurdo de que es ilegal controlar una frontera por la sencilla razón de que expulsar a un ilegal es…ilegal porque tiene derecho a solicitar el asilo.

Así lo confirmó el Tribunal Europeo de Justicia en junio pasado castigando a Hungría con una ferocidad sin precedentes. Después de un largo procedimiento, los jueces acabaron imponiendo a Budapest un castigo ejemplar y abusivo: dónde la Comisión pedía una sanción de 1.044.000 euros  y una multa coercitiva diaria de 16.393, los jueces impusieron una sanción de 200 millones y una multa coercitiva de un millón al día multiplicando así por 191 y por 65 lo solicitado por la Comisión! Les bastó invocar el “principio de solidaridad” para adoptar esta sentencia arbitraria, abusiva y probablemente ilegal si existiera la posibilidad de apelarla.

Un caso qe es políticamente desolador. Justo cuando una Alemania aterrada por el terrorismo cierra sus fronteras y una mayoría de Estados piden a gritos externalizar la política de asilo, los jueces europeos obligan a Hungría a abrir su frontera exterior. Una esquizofrenia y un fanatismo que  desembocarán en un caos sin precedentes que podría llevarse por delante a la zona Schengen y que podría marcar el divorcio definitivo entre Europa y sus ciudadanos. Desesperante.