El economista y consultor Pablo Moreyra propuso priorizar los 66 pedidos de facultades legislativas planteados por el Ejecutivo, de acuerdo con su nivel de urgencia y el instrumento requerido. A su criterio, el primer bloque debería concentrarse en las dos emergencias declaradas por el Gobierno: El Niño y seguridad. Este grupo reúne 31 solicitudes, entre ellas las relacionadas con extorsión, sicariato, geolocalización, régimen penitenciario y migratorio, inteligencia y DINI, trazabilidad minera y pesca ilegal, recursos hídricos y obras hidráulicas.

Moreyra también consideró urgentes otras medidas vinculadas con la economía y la formalización, aunque no estén directamente relacionadas con seguridad o El Niño. Entre ellas mencionó los topes a las tasas de interés establecidos por la Ley 31143, modificaciones al Código Tributario y regímenes simplificados, cambios a la Ley General de Sociedades, incentivos a la formalización laboral, bonos de productividad no remunerativos, factoring para mypes y medidas de meritocracia en el servicio civil. Según explicó, estas iniciativas requieren cambios legales y no deberían esperar el trámite ordinario, que puede extenderse por años.

En un tercer nivel ubicó propuestas que considera importantes, pero que podrían tramitarse posteriormente como proyectos de ley, como las relacionadas con hidrocarburos, electricidad y energías renovables, turismo y comercio exterior, asociaciones público-privadas, finanzas abiertas, reordenamiento de feriados y la derogación de la Ley del Colegio de Artistas. Moreyra cuestionó, además, que algunas medidas incluidas en el pedido de facultades no requerirían una delegación del Congreso, pues ya existirían mecanismos legales o reglamentarios para ejecutarlas, como la estandarización de trámites, la mejora de la calidad regulatoria y la simplificación de determinados procedimientos.

El economista planteó que el Ejecutivo retire aquellas medidas que puede aprobar directamente y concentre su solicitud en lo realmente urgente e importante. Advirtió especialmente sobre los plazos para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño, pues si las facultades se aprueban en octubre por 120 días, estas vencerían en febrero. Por ello, sostuvo que las acciones de prevención deben comenzar con presupuesto y contrataciones desde noviembre y no depender únicamente de futuros decretos legislativos. Moreyra señaló que un paquete más reducido podría aprobarse y defenderse con mayor rapidez, mientras que un pedido de 66 facultades corre el riesgo de ser discutido íntegramente y retrasarse en su conjunto.

Volví a revisar los 66 pedidos de facultades y los ordené por criterio de urgencia y de instrumento. No para decir que sobran, sino para decir en qué orden deberían salir.

Lo primero: El Niño y seguridad, que son las dos urgencias que el Gobierno declaró. Estos suman pedidos 31… pic.twitter.com/vd2RMyKiDd

— Pablo Moreyra A. (@PabloMoreyraAlm) September 14, 2026