Una reciente encuesta de Ipsos revela que el 97% de los peruanos se opone a que personas condenadas por asesinato, corrupción o terrorismo, que ya cumplieron su condena, postulen a la Presidencia. Este rechazo se eleva al 98% en Lima y el centro del país, reflejando una clara exigencia ciudadana: los criminales no deben aspirar al cargo más alto del país.

En el Congreso, la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano del fujimorismo, ha retrasado un proyecto legislativo crucial que podría impedir que estos individuos se postulen. Esta iniciativa ha estado estancada durante cinco meses, a pesar de la presión de varios miembros del grupo de trabajo para que se discuta y avance hacia su aprobación.

Moyano ha sido criticada por su inacción, con acusaciones de entrampamiento del proyecto. Incluso su compañera de bancada, Patricia Juárez, ha señalado que si el proyecto no se agenda pronto, podría no ser aplicable en las próximas elecciones, debido a la necesidad de dos votaciones en legislaturas consecutivas.

La encuesta también muestra que el 93% de los encuestados rechaza a sentenciados por secuestro y el 83% a aquellos condenados por rebelión contra el Estado como posibles candidatos presidenciales.

La congresista Margot Palacios de Perú Libre apoya la aprobación del proyecto, destacando la gravedad de los delitos cometidos por estas personas.