El denominado caso ‘Cuellos Blancos’ fue un montaje deliberado y una maniobra judicial concebida con fines políticos, según sostiene una investigación difundida por Diario Expreso, que afirma haber dejado al descubierto este complot desde el año 2019. De acuerdo con la publicación, la operación tuvo como objetivo reconfigurar el control de instituciones clave del sistema de justicia peruano.

La reconstrucción de los hechos se remonta a una reunión realizada en Lima entre septiembre y octubre de 2017, en la que participaron fiscales del Callao, un periodista, representantes de dos ONG y un congresista, todos identificados con una corriente progresista de izquierda. Fuentes del propio Ministerio Público indicaron a Expreso que el encuentro tuvo como eje la pérdida de control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la necesidad de recuperarlo durante 2018.

Según estas fuentes, la preocupación central era que el CNM dejara de estar bajo la influencia de sectores vinculados a la llamada “sociedad civil”, que habían logrado una posición determinante durante la presidencia de Gonzalo García Núñez. La eventual pérdida de ese espacio implicaba retroceder en el dominio de una entidad estratégica encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales.

Otro elemento clave fue el relevo en la Fiscalía de la Nación. La llegada de Pedro Chávarry, en reemplazo de Pablo Sánchez, generó alarma en estos grupos, ya que Sánchez mantenía una relación cercana con ONG como el Instituto de Defensa Legal (IDL), que habían acumulado influencia mediante asesorías y designaciones de personal. Con Chávarry, consideraban que esas prerrogativas se verían seriamente limitadas.

La investigación también señala que el control del Poder Judicial estaba en riesgo para estos sectores. Pese a la influencia del vocal supremo César San Martín, se perfilaba que Ángel Romero asumiera la presidencia del PJ y que, posteriormente, César Hinostroza fuera su sucesor, ambos identificados como contrarios a la línea progresista dominante en ese momento.

En ese contexto, siempre según las fuentes citadas, se habría diseñado una estrategia para desacreditar y desestabilizar el sistema judicial. Parte de este plan incluyó la participación de fiscales del Callao, quienes habrían aprovechado la corrupción existente en esa jurisdicción para solicitar interceptaciones telefónicas bajo el marco del caso denominado “Las Castañuelas de Rich Port”, dando origen al escándalo que luego se conocería como ‘Cuellos Blancos’.