Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, advirtió que el Ministerio Público estaría actuando con una agenda política que busca retirar del cargo a la presidenta Dina Boluarte para facilitar la llegada de un nuevo jefe de Estado vinculado a sectores de izquierda.

Según señaló, la fiscal Delia Espinoza habría presentado denuncias constitucionales como parte de una estrategia impulsada por una ONG que, a su juicio, estaría funcionando más como un partido político que como una entidad independiente.

Álvarez sostuvo que esta organización influiría sobre el Ministerio Público con el fin de generar un clima de inestabilidad que permita una vacancia presidencial, lo cual abriría la puerta a un presidente interino con capacidad de interferir en las elecciones generales de 2026. En ese sentido, aseguró que el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político que actúa en contra tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, presentando denuncias sin sustento constitucional.

El exmagistrado también recordó que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, no se puede acusar al presidente de la República mientras se encuentre en funciones, salvo por causales específicas como traición a la patria, impedir elecciones o cerrar el Parlamento. Para él, hechos como el caso de los relojes Rolex o intervenciones estéticas no constituyen motivos válidos para una vacancia por incapacidad moral.

Finalmente, explicó que lo que está en debate en el Tribunal Constitucional es si un mandatario en funciones puede ser objeto de una investigación preliminar. Mencionó que, como ocurrió con el expresidente Pedro Castillo, este tipo de pesquisas podría realizarse con la finalidad de acumular pruebas que eventualmente podrían ser usadas cuando el presidente haya concluido su mandato, pero insistió en que actualmente la presidenta está protegida por el marco constitucional.