En una de sus primeras medidas como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha eliminado los fondos millonarios que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinaba a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales cuestionadas en América Latina, incluyendo Perú.

Entre las entidades afectadas se encuentran medios como los Grupos El Comercio, RPP y La República, además de proyectos como La Encerrona de Marco Sifuentes, Ojo Público, Epicentro de Clara Elvira Ospina, Wayka y el Instituto de Defensa Legal (IDL), liderado por Gustavo Gorriti. Según detractores, estas organizaciones han sido señaladas de emplear recursos internacionales para promover agendas políticas, atacar adversarios políticos y difundir ideologías progresistas.

La medida también impacta a organizaciones pro derechos humanos como Aprodeh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, así como a ONGs que promueven causas relacionadas con los derechos reproductivos y LGTB, entre ellas Inppares, Manuela Ramos y Más Igualdad. Según los críticos, algunas de estas organizaciones fueron acusadas de utilizar fondos para favorecer narrativas polémicas.

Otra institución señalada es el Lugar de la Memoria (LUM), que, según algunos grupos, habría utilizado fondos de USAID para interpretar eventos históricos de manera favorable a grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA.

La administración Trump ha declarado que los fondos serán reevaluados para priorizar organizaciones que verdaderamente necesiten el dinero y que trabajen en beneficio de los intereses internacionales de Estados Unidos.