Por Carlos Cabanillas, publicado en Perú21

 

El prestigioso economista analiza los riesgos de El Niño y el alza del petróleo, advierte que debe mejorar el gasto público y se debe respetar la disciplina fiscal, y explica cómo el Ejecutivo puede recuperar el rumbo. Además, el exministro de Economía identifica los grandes proyectos por destrabar, observa cuál es la perspectiva de crecimiento, evalúa cómo puede traducirse en bienestar para las regiones, traza la ruta para reducir la pobreza y revela cuál será su rol durante el próximo gobierno de Keiko Fujimori.

Hay percepción de alivio económico, de que la economía se está estabilizando. El dólar ha bajado.

 

La reacción de los agentes económicos cuando se percibe que Fuerza Popular ganaría fue muy positiva. Los mercados financieros fueron los primeros en reaccionar con bajada del dólar, subida en la bolsa de valores y caída del riesgo país. La confianza empresarial subió fuertemente a fines de junio y, de estar en terreno negativo, pasó a terreno positivo. Y las expectativas de inversión han mejorado en todos los sectores económicos. Es consecuencia de una propuesta de gobierno que apunta a impulsar la inversión privada, garantizar la estabilidad económica y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

 

Según lo que vio en el debate, ¿cómo habría reaccionado la economía al triunfo de Roberto Sánchez? ¿Cómo habría sido el inicio de ese gobierno?

En función del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que apostaba por las empresas públicas, mayor regulación, mayor carga impositiva y mayor desequilibrio fiscal, la respuesta hubiese sido la misma que observamos en el gobierno de Pedro Castillo. Una fuerte salida de capitales que hubiese aumentado el tipo de cambio, una fuerte caída de la bolsa y paralización de los planes de inversión del sector privado. El impacto negativo en términos de crecimiento se hubiese visto materializado con fuerza el siguiente año.

 

¿Cuál es el potencial de la economía peruana? Tenemos minería, energía, agroexportación.

 

La economía peruana tiene un gran potencial de crecimiento. Más aún, las condiciones externas son muy favorables, con términos de intercambio al doble de lo que estaban hace 10 años. A partir de 2028 podríamos estar en tasas de crecimiento promedio anual entre 6-7%. Este año deberíamos terminar en 3.5% y el próximo dependerá de El Niño, pero destrabando los proyectos mineros, energéticos, de irrigación, viales podríamos a partir de 2028 tener velocidad de crucero de alto crecimiento. La clave es que la inversión privada y la pública crezcan a doble dígito, y que la ejecución de los proyectos sea lo más eficiente posible. Al 2031 deberíamos tener una inversión total respecto al PBI en torno al 30% y no en torno al 20% como ahora.

 

Perú tiene U$S57,000 millones en proyectos mineros por desarrollarse. ¿Cómo destrabarlos?

 

En general, la actividad privada se ha visto perjudicada por un aumento significativo en la regulación y un deterioro constante en la eficiencia del sector público en otorgar los permisos, las licencias y el papeleo que enfrentan nuestras empresas. La regulación es necesaria, pero debe ser eficiente, pues la regulación innecesaria o mal diseñada puede afectar negativamente los mercados y la inversión. En minería tenemos importantes proyectos paralizados por excesos de trámites e incapacidad del Estado. Pero no solo en minería. Tenemos dos grandes proyectos de irrigación paralizados: Majes Siguas II y Chavimochic III etapa. En Majes Siguas se hubiesen podido generar 264,000 puestos de trabajo en Arequipa que hubieran significado una masa salarial y, por lo tanto, un aumento de demanda por bienes y servicios para empresas arequipeñas de más de S/8,000 millones al año. Una tarea esencial del próximo gobierno es acelerar los proyectos públicos y privados para asegurar ese crecimiento del 6-7% a partir de 2028.

 

La inversión crece a doble dígito. La demanda interna y el consumo están al alza. Se crea empleo formal. ¿Cómo acelerar la reducción de pobreza?

 

La inversión recién se está recuperando. Las expectativas empresariales han mejorado sustancialmente y los indicadores líderes de la actividad económica son muy positivos, tales como consumo de energía eléctrica, crecimiento del crédito, aumento de importaciones de bienes de capital, entre otros. Esa dinámica debe consolidarse y amplificarse con mejoras regulatorias, facilidades para la inversión y sacando adelante los grandes proyectos. Para que tenga impacto en pobreza, necesitamos dos cosas: crecimiento alto y estable, y un Estado eficiente que use bien los recursos para programas sociales efectivos, mejora en la cobertura de infraestructura básica y mejora en calidad de educación y salud. Si se logra, podríamos tener una pobreza del 15% al 2031 y no estar estancados por encima del 25%, como hoy día.

 

¿Cuánto se puede avanzar en más OxI (Obras por Impuestos) y APP (asociaciones público-privadas), por ejemplo, en temas de salud y educación?

 

Obras por Impuestos es una modalidad muy interesante para acelerar la ejecución de obra pública con participación directa del sector privado. Pero debemos revisar y simplificar el marco legal para evitar demoras innecesarias. En los casos de Educación y Salud se debería hacer un esfuerzo por impulsar no solo la infraestructura, sino también los servicios. Igual para las APP. Los casos de Essalud con APP durante el gobierno del presidente García han sido muy exitosos.

 

¿Más acuerdos G2G (gobierno a gobierno)?

 

En general, creo que la eficiencia en la ejecución de las obras públicas debe mejorar en todas sus modalidades. ¿Cómo puede ser que el tramo 1 de la línea 1 del metro estuviese operativo en dos años y la línea 2 del metro que se concesionó en 2014 todavía no esté operativa? ¿Cómo puede ser, según Contraloría, que a fines de 2025 tuviéramos cerca de 70,000 millones de soles en obras paralizadas? Debemos escoger la mejor modalidad para cada proyecto; no creo que la solución sea sacar los proyectos por G2G. Hay que hacer un esfuerzo desde el Gobierno central, apoyando a los gobiernos subnacionales, para mejorar la ejecución de la obra pública.

 

Se habla de una entidad que centralice las decisiones y compras para mitigar los efectos de El Niño.

 

Lamentablemente, este gobierno no ha tomado ninguna acción y hay que acelerar las decisiones desde el día uno. Sí, será necesario centralizar la toma de decisiones y tener los recursos financieros y las facilidades legales para que se mitiguen los efectos del fenómeno de El Niño.

 

¿Va a aceptar ser el ministro de Economía o cuál va a ser su rol en este gobierno?

 

He conversado con la presidenta electa Fujimori y me ha pedido que sea un asesor externo que pueda apoyarla en temas estructurales de largo plazo. En esa línea hemos conversado de temas cruciales como presupuesto por resultados y cómo se logró bajar la desnutrición infantil, temas para mejorar la cobertura de servicios públicos, eficiencia en los planes de inversión, entre otros temas estructurales. Eso calza muy bien con el trabajo que vengo realizando, apoyando a las Cámaras de Comercio de las regiones a articular a la sociedad civil para presentar planes de desarrollo que complementen y apoyen las labores de sus gobiernos regionales y hagan propuestas concretas en temas legislativos necesarios. Con Loreto hemos venido trabajando en esa dirección y en marzo de este año se presentó el Plan de Prosperidad de Loreto en el Congreso, con medidas concretas. Esa interacción positiva entre el sector público y el privado es algo que hemos perdido en el país, y es bueno recuperarlo. Adicionalmente, por anteriores compromisos asumidos en el sector privado, podrían existir conflictos de intereses con el Estado, por lo cual es mejor no desempeñar ningún cargo público. Son principios éticos que debemos tener siempre.

 

El MEF ha perdido el peso que tenía. ¿El ministro de Economía tiene que ser capaz de decir “no”?

 

Te diría que es el Ejecutivo el que ha perdido el rumbo. Por el clientelismo político imperante no solo se ha inflado el gasto público, sino que los funcionarios no están realizando bien su trabajo por falta de capacitación, por corrupción, falta de apoyo político, temor a denuncias, entre otras razones. El próximo gobierno debe emprender un proceso de restitución del orden fiscal y de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios por parte del Estado. Respecto al ministro de Economía, más que decir que no, el ministro debe explicar cuáles son las restricciones y, al final, la priorización vendrá de un proceso político, pero repito, ese proceso político debe tomar en cuenta las restricciones técnicas.  

 

¿Cómo reformular la regionalización para que los recursos se traduzcan en bienestar para regiones?

 

Este es otro claro ejemplo de cómo el Ejecutivo ha claudicado en su función de crear condiciones para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los más pobres. El Ejecutivo se ha dedicado a transferir recursos sin tomar en cuenta cómo se están gastando. De lo que se trata es de avanzar en dos líneas de acción. Primero, fortalecer el servicio civil, mejorando las capacidades técnicas de nuestros funcionarios en las regiones y, segundo, coordinando con los gobernadores la ejecución con una visión de desarrollo territorial, que puede ir más allá de los límites de una sola región.

 

La presidenta electa hizo promesas importantes, pero muy costosas en cuanto a gasto público.

 

La pobreza en nuestro país, según el INEI, está en 25.7%. En 2019 estábamos en 20%. Es increíble que no hemos sido capaces de regresar a esos niveles prepandemia. En este escenario de fragmentación social es fundamental apoyar a la población más vulnerable con programas sociales efectivos. En el Plan de 2021 teníamos también un amplio paquete de programas sociales para atender a los más golpeados por la pandemia. La racionalización del gasto público es necesaria para que estos programas sean sostenibles fiscalmente hablando, pero eso tomará tiempo, así que temporalmente en este año se podría tener un déficit ligeramente más alto al que figura en el Marco Macroeconómico. No hay ningún riesgo fiscal si es que tenemos estos parámetros de priorización del gasto público.

 

El nuevo gobierno debe respetar la doctrina fiscal.

 

Hay que regresar a una regla fiscal simple, que ponga límites al crecimiento del gasto corriente, que tenga una línea de convergencia clara al tope de déficit fiscal de 1% del PBI y que permita que la inversión pública pueda crecer sin ningún límite directo. Eso funcionó muy bien durante el gobierno del presidente García, porque siempre hay presiones por aumentar el gasto corriente.

 

El TC aclara: Congreso no tiene iniciativa de gasto.

 

El artículo 79 de nuestra Constitución es muy claro. El Congreso no tiene iniciativa para crear o aumentar el gasto público. Ese artículo debe respetarse al pie de la letra.

 

¿Qué se puede hacer con Petroperú?

 

Petroperú es el mejor ejemplo del riesgo fiscal de una empresa pública mal gestionada. En el corto plazo debe fortalecerse con un directorio técnico independiente que tenga muy claro el rol que debe cumplir en el mercado. Esto nos debe llevar a una reestructuración integral, concesionando algunos activos, vendiendo otros y reestructurando deuda. No creo que deba liquidarse. Hay un costo fiscal que venimos asumiendo, pero hay que ponerle punto final a ese barril sin fondo en que se ha convertido.

 

¿Cómo movernos en la rivalidad comercial entre EE.UU. y China, y sacar ventaja para el país?

 

La reciente cumbre Xi-Trump marca una ruta de largo plazo para restablecer las relaciones comerciales entre ambos países, lo cual beneficiaría al crecimiento global. Eso es particularmente importante porque nuestros dos principales socios comerciales son China y Estados Unidos. El Perú debe continuar con su política de atracción de inversión extranjera, sea China, norteamericana o de cualquier otro país, siempre que sea competitiva y cumpla con nuestras regulaciones; fomentar el comercio internacional y, entendiendo las dinámicas globales del fuerte crecimiento del comercio entre Asia y Sudamérica, ver el modo de consolidarnos como el hub logístico de esas rutas comerciales que seguirán creciendo.

 

¿Qué bombas de tiempo deja este gobierno y deben ser desactivadas?

 

Más allá de los problemas fiscales y presiones de gasto recientes, creo que los dos grandes problemas que tenemos en el Perú son la inseguridad ciudadana y el deterioro en la calidad de vida de nuestros compatriotas por la ineficiencia del servicio público, desde las atenciones de salud hasta la cobertura de agua, pasando por trámites interminables en los ministerios o municipios. Creo que estos dos grandes problemas deben ser abordados desde el 29 de julio.

 

¿Cuáles son los mayores riesgos en el corto plazo?

 

El principal riesgo para la economía peruana era tener un gobierno que no respete los contratos, que promueva la estatización y genere más desequilibrios fiscales. Pero ese riesgo ya lo hemos superado. Tenemos ahora el fenómeno de El Niño, que puede reducir la tasa de crecimiento entre 0.5 y 1%, dependiendo de lo severo del problema. En términos de las condiciones externas, se espera un escenario base de precio promedio del petróleo entre 80-85 dólares por barril y, a pesar de la reactivación de los incidentes bélicos en Medio Oriente, es poco probable que estemos en un escenario de intensificación extrema del conflicto. Pueden presentarse problemas, pero hay que estar alertas. Se espera que las tasas de interés de los bancos centrales de los países desarrollados se mantengan durante más tiempo y demoren en bajar a pesar de la debilidad de sus economías. Pero estamos lejos de un escenario de crisis financiera global. Adicionalmente, los resultados empresariales son muy sólidos. Existen otros temas más estructurales de largo plazo que esperemos que se vayan superando, como la fragmentación del comercio global y el fuerte endeudamiento público de economías desarrolladas que podrían generar mayores tasas de interés de largo plazo en los mercados de capitales.