El anuncio de Donald Trump sobre la suspensión de millonarias inyecciones de dinero a ONG y medios progresistas, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), causó un terremoto en el panorama político y mediático peruano.

Diversos medios y organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales se encuentran bajo la lupa tras revelarse que fueron beneficiarios de cuantiosas sumas de dinero. Entre los más conocidos se encuentran RPP, La Encerrona, Epicentro, Ojo Público, La República, El Comercio, así como ONG como Manuela Ramos, Aprodeh y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El financiamiento de USAID a estas entidades fue cuestionado en diversas ocasiones, pero ahora, el grupo parlamentario Renovación Popular dio un paso decisivo. Los congresistas de esta bancada, liderados por figuras como Alejandro Muñante, Patricia Chirinos y Norma Yarrow, propusieron la creación de una Comisión Investigadora Multipartidaria con el fin de aclarar el destino de los fondos otorgados por la agencia estadounidense.

Según el texto oficial de Renovación Popular, la tarea de la comisión será investigar y detectar a los beneficiarios del financiamiento de USAID en Perú desde 2015 hasta la fecha. Los parlamentarios buscan determinar si los fondos fueron empleados de manera correcta o si, por el contrario, se direccionaron de manera irregular para la implementación de "agendas político-ideológicas", contraviniendo la Constitución Política del Perú y las leyes nacionales vigentes.

El objetivo es claro: "Determinar si este financiamiento se encontraba alineado con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno en materia de la defensa de nuestros derechos elementales, nuestras libertades y nuestra institucionalidad democrática". Además, la bancada busca establecer si los recursos fueron malgastados en agendas ajenas al propósito inicial de la USAID.

La investigación no solo se centrará en identificar los beneficiarios y los fines de los fondos, sino que también se pretende establecer si hubo "desvío de fondos para financiar agendas políticas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID". En caso de confirmarse irregularidades, los parlamentarios de Renovación Popular dejaron claro que se buscarán sanciones "políticas, administrativas, civiles y penales" para los responsables, para lo cual se remitirán los hallazgos al Ministerio Público.

Con un plazo de 120 días calendario a partir de su instalación, la comisión tendrá la tarea de recabar toda la información necesaria y determinar las responsabilidades correspondientes. La expectativa es alta, ya que este tema no solo involucra el financiamiento de medios y ONG, sino que podría tener repercusiones más amplias en el ámbito político y social del país.