Una revelación de 'ContraCorriente' ha puesto bajo la lupa al abogado Carlos Rivera Paz, coordinador del Instituto de Defensa Legal (IDL), y su hijo, Rodrigo Rivera Larco, en un alarmante conflicto de intereses.

Según la investigación, Rodrigo Rivera Larco obtuvo un puesto en el Ministerio Público, específicamente en una fiscalía especializada en derechos humanos, coincidiendo con el área donde su padre defiende a denunciantes.

Expertos en derecho penal han señalado que este caso presenta un claro conflicto de intereses, dado que ambos comparten intereses comunes en casos de derechos humanos.

El joven Rivera Larco, tras haber trabajado en la Defensoría del Pueblo, consiguió un puesto en el Ministerio Público, lo que ha suscitado sospechas sobre la influencia de su padre en este proceso de selección.

Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad de la institución y la necesidad de garantizar la independencia y transparencia en el sistema judicial.

El caso ha generado preocupación y debate en el ámbito legal y podría tener implicaciones significativas en la percepción de la justicia y los derechos humanos en el país.