La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la medida de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Con esta decisión, el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras avanza el proceso en su contra por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

Castillo había apelado la medida cautelar, alegando que su encarcelamiento no tenía sustento jurídico. Sin embargo, la resolución del Poder Judicial concluyó que persiste el riesgo de fuga, dado el peso de la acusación y la alta pena solicitada por la Fiscalía. El juez de investigación ya dictó la procedencia del juicio oral, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida preventiva.

El magistrado César San Martín, ponente de la causa, indicó que el recurso de apelación carece de fundamentos para prosperar, pues no se han presentado nuevos elementos que modifiquen la situación jurídica del exmandatario. En esa línea, descartó que existan condiciones que permitan revocar la prisión preventiva, manteniendo la resolución inicial.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de cárcel para Castillo Terrones, además de una inhabilitación de tres años y medio para ejercer funciones públicas. Estos pedidos se basan en la participación directa del expresidente en la ruptura del orden constitucional, cuyo desenlace fue la inmediata vacancia presidencial y su posterior detención.

Pedro Castillo permanece en prisión desde diciembre de 2022, luego de ser capturado tras su fallido intento de cerrar el Congreso y reorganizar el sistema judicial. Su proceso penal se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, y su desenlace marcará un precedente clave en la jurisprudencia peruana sobre delitos vinculados a la democracia y el ejercicio del poder.