Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

“La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos.

Sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república”.

La seguridad en nuestra sociedad se está deteriorando, el índice de criminalidad aumenta, la gravedad de los delitos también y, tal pareciera que a nadie le importa. Esto que comento se agrava, porque es una tendencia latinoamericana, veamos si no lo que está pasando en Ecuador. Incluso las mafias han asesinado al fiscal que investigaba el asalto delictivo al canal TC, mientras la sociedad no se protege.

La “progresía”, de la mano de ciertas organizaciones internacionales, ha ejercido gran presión sobre nuestras sociedades, incluyendo el activismo de ONGs, que se han aupado en organismos multilaterales tales como, OEA, ONU, CIDH (la corte y la comisión), entre otras.

Han capturado a lo largo de los años la educación universitaria, las fiscalías, los sistemas judiciales, de forma tal, que bajo el paraguas de un sistema de justicia “garantista”, han logrado una altísima protección al criminal y un gran desamparo a la víctima y a la autoridad.

La sociedad no puede ser boba, debemos abrir los ojos y protegernos. Sabemos que las mafias corrompen a los jueces y fiscales, si no logran corromperlos, los amenazan y si no sucumben a sus presiones, los matan. Pablo Escobar decía: “plata o plomo”.

Como idiotas nos preguntamos repetidamente ¿por qué los jueces y fiscales liberan a los delincuentes?

Y la respuesta es sencilla; el nivel de riqueza que maneja la delincuencia es tan grande, en comparación con el nivel económico de un fiscal o juez de primera instancia, que tendremos una alta probabilidad de que, con una “conversación” del abogado de estos, quien muy probablemente sea amigo o compañero de estudios de los jueces y fiscales, los hagan sucumbir. Si el mecanismo de “apalabrarlo” (como dicen los abogados), no funcionara, las mafias siguen el camino de la presión psicológica o amenazas veladas o abiertas, hasta que no se puedan resistir.  En consecuencia, jueces y fiscales prefieren liberarlos, antes de ver realizadas las amenazas contra ellos y sus familias. Esto es más frecuente en los lugares más remotos del país, donde las amenazas abiertas son cosa de todos los días, aunque debemos reconocer, que ya está ocurriendo en la periferia de Lima.

Los individuos hacen un permanente análisis costo-beneficio de sus acciones, así:

• El criminal mide el beneficio de su crimen (robo, asalto u otro), versus el costo de la pena correspondiente, considerando las probabilidades de que lo detengan, lo enjuicien y lo sentencien.
• La sociedad mide también el costo de tener una policía numerosa y eficiente, más jueces y fiscales, instalaciones judiciales y penitenciarias, así como los tipos de pena y tiempo.

En este análisis debemos tener claro, que al criminal le preocupa muy poco que “por robar un celular, la pena sea de hasta 30 años de cárcel”, si sabe que la probabilidad de que lo capture la policía es muy baja, que si lo capturasen, la probabilidad de comprar la voluntad del policía es alta, que si llegara al fiscal, la probabilidad de “apalabrar” al fiscal o “arreglarlo” es alta, que si llegara al juez, hay una alta probabilidad de “conversarlo”, que si el juez no accede, hay alta probabilidad de amenazarlo, a él o a su familia y que si no acepta, hay una alta probabilidad de eliminarlo. Esta cadena de probabilística, minimiza el costo y aumenta el beneficio del crimen.

En consecuencia, nuestra tarea debe concentrarse en minimizar el beneficio, maximizando el costo y para ello, tal como lo acabo de mostrar, debemos eliminar las probabilidades de falla del sistema y, en consecuencia, debemos:

1. Mejorar nuestro sistema de inteligencia e información, para ubicar y capturar rápidamente a los criminales.
2. Los fiscales y jueces penales deben tener protegida su identidad, para que no puedan ser materia de corrupción, ni de amenaza.
3. Para cierto tipo de delitos, en banda o manejados por mafias, los jueces y fiscales deben ser supraprovinciales y no deben convivir en el área donde estas actúan.
4. La sociedad, por su lado, debe revisar su “menú” de castigo: multas económicas, trabajo comunitario, pérdida de derechos ciudadanos, libertad condicional, suspensión temporal o permanente de licencias o permisos, restricción de movimiento territorial, destierro, cárcel con trabajo físico, castigo físico, tortura y muerte.

Lo importante es que el criminal perciba que el costo de su crimen y la probabilidad de ser castigado rápidamente, es mucho mayor que el beneficio que obtendría.

Veamos, si un criminal roba un celular y tiene potencialmente una pena de 20 años, pero tiene un 40% de probabilidades de sobornar al policía y un 40% de probabilidades de sobornar al fiscal o de amenazarlo, así como otro 50% de probabilidades de hacer lo mismo con un juez, el costo potencial de la pena será: 20 años *(1-0.4) * (1-0.4) * (1-0.5) = 3.6 años, sin contar los beneficios penitenciarios de rebajar 1/3 de la pena…  ¡El acto criminal le sale pues muy barato!

Simón Bolívar decía: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república”.

Por todo lo dicho, no se trata de aumentar las penas, sino de reducir las posibilidades de evadir la justicia. Aumentar la velocidad de captura de los delincuentes, eliminar el contacto directo e identificación de los jueces y fiscales frente a los criminales, así como tener juicios expeditivos con audiencias breves y orales, sin largas lecturas de expedientes ni sentencias de cientos de páginas. Y, respecto a las penas, estas deben de reflejar una clara amenaza para el criminal: trabajo y castigo físico al criminal. Tenemos muchas carreteras y ferrocarriles que construir, ríos que descolmatar, entre otros.

Finalmente, debemos de instaurar que cuando un criminal pasa a la clandestinidad, su pena debe aumentar en tres meses por cada mes o fracción que está prófugo, además de tener que pagar el costo en que hizo incurrir a la sociedad por su búsqueda y captura, cosa que tendrá que pagar antes de salir en libertad.