Esta mañana, se encontró el cuerpo sin vida de Santos Guillermo Sánchez Vera, empresario minero de 38 años, quien fue secuestrado el fin de semana mientras viajaba de Pataz a Trujillo. El secuestro llevó consigo una demanda de 10 millones de dólares, y en el cuerpo de la víctima, los perpetradores dejaron un mensaje escrito: "por no pagar completo", revelando una escalada en la violencia del crimen organizado.

Este trágico incidente marca el comienzo de un aumento sostenido de la violencia en el crimen organizado para el año 2024. Los riesgos de seguridad en la industria minera ahora están estrechamente relacionados con el crimen transnacional y su impacto en la política a niveles local, regional y nacional.

Con el Ministerio Público en conflicto interno y la Policía Nacional enfrentando crisis institucionales, la capacidad para gestionar estos riesgos de seguridad se ve comprometida. La corrupción y la falta de liderazgo debilitan la capacidad de las fuerzas del orden para abordar eficazmente las amenazas.

El inicio de un "nuevo Plan Colombia" en Ecuador (Plan Andino) aumentará la presión en la región, desplazando a organizaciones criminales hacia el Perú. Este escenario pone en peligro el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana.