La Defensoría del Pueblo ha presentado su informe al Tribunal Constitucional (TC) sobre la controversia del peaje en Puente Piedra. En este documento, se analiza el cobro del peaje desde una perspectiva de derechos fundamentales.

La participación de la Defensoría, como amicus curiae, en la audiencia pública convocada por el TC el 25 de octubre, se centró en exponer cómo el cobro del peaje en dirección norte-sur afecta la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales de las personas.

Tras una supervisión institucional realizada en la vía concesionada y zonas aledañas, se remitió al TC un informe que destaca varios hallazgos significativos:

• El peaje divide el distrito en zonas norte y sur.
• Servicios esenciales como el hospital, colegios y mercados clave se encuentran en la zona norte, obligando a los residentes del sur a pagar el peaje para acceder a ellos.
• Servicios públicos como seguridad y recolección de residuos también se ven afectados por el pago del peaje.
• Falta de rutas alternativas accesibles.
• El cobro del peaje vulnera derechos fundamentales, restringiendo la libertad de tránsito, acceso a servicios de salud, educación y el desarrollo económico.

Con un alto porcentaje de hogares con ingresos bajos en Puente Piedra, la imposición del peaje intensifica las brechas económicas y sociales, limitando el acceso a servicios públicos.

La Defensoría invoca al TC a considerar estos elementos en su decisión, priorizando el respeto a los derechos de la ciudadanía, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.