La asociación CULTIVANDO, que agrupa a las principales empresas agroindustriales de las Tierras Nuevas del Proyecto Olmos, expresó su preocupación por la falta de una hoja de ruta clara para asegurar la continuidad operativa del sistema de trasvase, cuya concesión está por vencer.

En un pronunciamiento público, la entidad advirtió sobre los graves riesgos que implicaría una interrupción del servicio o una transición improvisada en la gestión de esta infraestructura crítica para la agricultura del norte del país.

El Proyecto Olmos ha generado más de 65 mil empleos directos y ha canalizado inversiones privadas por más de 3,000 millones de dólares. La producción agroexportadora de miles de hectáreas depende directamente del agua trasvasada desde la sierra, a través de un sistema complejo que incluye el túnel trasandino, la presa Limón y estructuras de derivación del río Huancabamba. Por ello, los empresarios insisten en que su operación debe mantenerse bajo criterios técnicos y con respaldo financiero suficiente.

Según CULTIVANDO, las opciones institucionales evaluadas hasta ahora para asumir la operación del sistema no ofrecen garantías suficientes de continuidad, ni en términos técnicos ni financieros. Advierten que el Estado debe implementar una solución transitoria que mantenga el servicio sin interrupciones, con un equipo profesional especializado y bajo supervisión directa, mientras se organiza una licitación internacional para seleccionar al nuevo operador.

En su comunicado, el gremio dejó claro que no defienden la permanencia indefinida del actual concesionario, sino que demandan que cualquier transición se base en experiencia y capacidad instalada. Consideran que, en esta etapa crítica, no se debe improvisar ni permitir vacíos institucionales que perjudiquen la confianza de inversionistas, el cumplimiento de compromisos del Estado y, sobre todo, el abastecimiento de agua en la región.

Finalmente, pidieron una respuesta decidida del Gobierno Central y el liderazgo del Gobierno Regional de Lambayeque, en coordinación con el MEF, ProInversión, MIDAGRI y la Contraloría. Subrayaron que el agro no puede esperar, el agua no puede detenerse y el país necesita decisiones responsables y técnicamente fundamentadas para preservar los logros alcanzados.