Por Fernando Cillóniz

 

"Filia" es un una palabra que significa afición o amor a algo. Su antónimo "fobia" significa aversión, asco o repulsión. 

De allí resultan palabras como "homofobia" (aversión a las personas homosexuales), "xenofobia" (repulsión a los extranjeros) o "claustrofobia" (miedo a lugares cerrados). 

De manera similar, de "filia" se derivan palabras como "necrofilia" (atracción por todo lo relativo a la muerte), "zoofilia" (amor hacia los animales) o bacterias "termofílicas" (aquellas que viven a altas temperaturas) … por sólo mencionar algunos de ejemplos. 

Hecha la introducción lingüística, el Ministerio Público (y el Sistema de Justicia, en general) es "delictofílico" y "ciudadanofóbico". Es decir, ama a los delincuentes y repudia a los ciudadanos. O sea, el mundo al revés. 

Veamos por qué. Desde que asumí el Gobierno Regional de Ica (en enero de 2015) empecé a conocer – en carne propia – el inframundo del Sistema Nacional de Justicia de nuestro país. No había pasado ni una semana en el cargo, y ya tenía mi primera denuncia "por malversación de fondos". O sea, apenas asumí mi función de Gobernador Regional – para el común de la gente – yo ya era un delincuente. 

 

– Pero si no he hecho nada – me decía a mí mismo. Pues resultó que una Consejera Regional opositora (del partido Obras por la Modernidad, de mi derrotado contendor) inventó – maliciosamente – un delito, y me denunció por malversar fondos incurridos en la ceremonia de mí juramentación. 

 

 Esa absurda denuncia (yo jamás podría haber malversado fondos incurridos en dicha ceremonia, puesto que aún no era Gobernador en funciones) fue acogida por el Ministerio Público de Ica, y tomó más de seis años de audiencias, peritajes contables y declaraciones para lograr su archivamiento definitivo. 

 

Así empezó mi experiencia política en el Gobierno Regional de Ica, durante el período 2015 / 2018, a la cual siguieron unas 60 o 70 denuncias – igualmente maliciosas – más.  

 

 Ahora bien, si la Consejera opositora – picona porque perdió el candidato de su partido – fue capaz de inventarme un delito, e interponer la primera denuncia penal en mi contra, imagínense la reacción de los centenares de funcionarios que fueron sancionados durante mi gestión (destituidos, la mayoría) por corrupción.  

 

 Efectivamente, mis 60 o 70 denunciantes fueron – todos – personajes muy corruptos: médicos que abandonaban los hospitales en horario de trabajo, funcionarios coimeros de la Dirección Regional de Transportes (Dinámicos del Centro hay en todo el país), docentes violadores de jóvenes estudiantes, "profesionales" con títulos académicos falsos, funcionarios que rendían cuenta de gastos con facturas falsa, etc. etc. etc. 

 

 A lo que quiero llegar, es que el Ministerio Público acogió TODAS las denuncias penales en mi contra. ¿Por qué no depuró las denuncias que – claramente – eran maliciosas? ¿Por qué no indagó – preliminarmente – los antecedentes de mis denunciantes? No – decían los magistrados, rasgándose las vestiduras – todo ciudadano tiene derecho a recurrir al Ministerio Público para su defensa.  

 

¡Falso! ¡Todo el mundo lo sabe! La corrupción está enquistada en el Ministerio Público – y en el Poder Judicial – y para esa gente ¡bienvenidas las denuncias! … por más absurdas que sean. ¡Negocios son negocios! ¡Hipócritas! ¡Cuánta marmaja se mueve bajo las mesas del Sistema de Justicia peruano! ¡Millones! 

 

Otra perla más. En primera instancia, todas las denuncias de CÍVICA (mi representada) contra los vándalos que bloquean carreteras, agreden a policías y extorsionan a transportistas, son archivadas por los Fiscales locales… a pesar de la flagrancia, y a pesar de las pruebas irrefutables: videos, audios, actas, posts en Redes Sociales, etc. ¿Por qué? Obviamente… porque los magistrados están del lado de los vándalos. 

 

Y – ahora – la última. La semana pasada, CÍVICA tomó conocimiento de un inminente bloqueo la vía de acceso al Puerto de Pisco, por parte de un grupo de camioneros que – prepotentemente – pretendían la exclusividad del transporte de un importante cargamento que arribaría al puerto, el día jueves 7 de marzo por la noche, el cual debía trasladarse, a partir del día siguiente (viernes 8 de marzo) desde el puerto hasta las instalaciones de una empresa local. 

 

Conscientes de la amenaza de la medida de fuerza – mejor dicho, del delito inminente – y conscientes de la grave afectación que acarrearía dicho acto a las actividades industriales, agrícolas, turísticas y demás, de la Región Ica, de acuerdo con nuestro rol social, a través de CÍVICA interpusimos una denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Pisco, con el fin de evitar – precisamente – la consumación del bloqueo de tan importante vía pública.  

 

¿Qué pasó? Pues… la Fiscalía no quería recibir la demanda de CÍVICA porque – escuchen bien – "el día 8 (es decir, el día siguiente) se celebraría el Día de la Vendimia en Ica". ¿Qué tal? La Fiscalía de Prevención del Delito de Pisco no quería recibir nuestra denuncia porque el delito que se pretendía contrarrestar se iba a consumar en un día feriado.  

 

A la postre, CÍVICA logró interponer la denuncia penal, pero tomó casi 2 horas convencer a los recepcionistas de la Fiscalía, acerca de la pertinencia y legalidad de nuestra acción judicial. 

 

¿Miedo o corrupción? Yo diría que ambos. Salvo muy contadas y honrosas excepciones, los Fiscales y Jueces de nuestro país tienen miedo a los delincuentes y / o están de su lado… dolosamente. 

 

CONCLUSIÓN: El Ministerio Público – y el Poder Judicial – son "delictofílicos" y "ciudadanofóbicos". Es decir, aman a los delincuentes y repudian a los ciudadanos.  

 

Seamos sinceros. El Sistema de Justicia peruano – tal como está – es irreparable. Está corrompido de pies a cabeza. El narcotráfico, la minería y tala ilegal, la trata de personas, la violencia familiar, las universidades bamba, el crimen organizado, la política podrida, la delincuencia en general … todo parte del Sistema de Justicia inoperante y corrupto que tenemos. Los escandalosos "audios de la vergüenza" del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto – en el 2018 – mostraron la podredumbre de la justicia peruana, al más alto nivel. Y desde entonces, poco o nada se ha hecho para corregir el problema. 

 

Borrón y cuenta nueva. ¡Me sumo a la propuesta de muchos peruanos de bien, que proponen un borrón y cuenta nueva, para corregir el fracaso estrepitoso del Sistema de Justicia de nuestro país!