El Ministerio Público ha incluido al empresario Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp y considerado el hombre más rico del Perú, en la investigación por el colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido en febrero pasado y que dejó seis muertos y más de cien heridos. La indagación también involucra a Fernando Zavala Lombardi, director ejecutivo del conglomerado.

De acuerdo con un documento difundido por Epicentro TV, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dispuso que ambos sean investigados por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en su calidad de representantes del comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L. La fiscal Carmen Varas Valderrama fijó sus declaraciones para el próximo 29 de septiembre, en sesiones presenciales programadas en dos horarios distintos.

El expediente señala que su incorporación se sustenta en registros de la partida N.° 11778294 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde figura su participación en la empresa desde agosto de 2023, antes de la tragedia. Según la disposición, ese cargo constituye un indicio suficiente a nivel de sospecha inicial para determinar su eventual responsabilidad penal.

La investigación no solo se centra en los representantes de Intercorp. La Fiscalía también incluyó a trece exfuncionarios y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes tuvieron a su cargo la aprobación de planos, modificaciones e inspecciones de la infraestructura. Entre ellos figuran Moisés Iván Hurtado León, subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres; Ernesto Villanueva Valeriano, responsable de la revisión de planos; y Pamela Zúñiga Carranza, arquitecta de la subgerencia de edificaciones.

Rodríguez Pastor dirige un conglomerado con presencia internacional en más de diez rubros, desde retail y salud hasta educación y finanzas, además de manejar 27 centros comerciales en el país. Según Forbes, su patrimonio se estima actualmente en 1,500 millones de dólares, tras una notable reducción respecto a los 5,300 millones calculados en 2021. Su citación fiscal supone un nuevo episodio en una investigación que apunta a establecer responsabilidades en una de las tragedias urbanas más graves de los últimos años en el norte peruano.