La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema un requerimiento para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, al que acusa de haber incurrido en prácticas contrarias a los principios democráticos. La solicitud se sustenta en una denuncia ciudadana interpuesta en marzo de este año y en pruebas recopiladas durante las investigaciones del Ministerio Público.

De acuerdo con el escrito, la Fiscalía sostiene que Fuerza Popular ha incurrido en conductas que vulneran libertades y derechos fundamentales. Entre ellas se mencionan ataques a magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos y periodistas, así como persecución a personas por su función pública, posición política o profesión.

Asimismo, el documento indica que el partido habría incurrido en la exclusión de miembros por disidencia política y en la promoción de la violencia como medio para alcanzar objetivos, lo que constituiría una infracción al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula el funcionamiento democrático de estas agrupaciones.

Además de la solicitud de ilegalidad, la Fiscalía pidió la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), con lo cual la agrupación perdería formalmente su reconocimiento legal en el sistema electoral. Este pedido fue presentado ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

En respuesta, la bancada de Fuerza Popular sostuvo una reunión extraordinaria para evaluar el alcance de la medida y definir su posición institucional. Mientras tanto, el proceso judicial abre un nuevo capítulo en el escenario político peruano y podría tener repercusiones en la participación del partido en futuras elecciones.