El periodista Paolo Benza señaló que las 13 farmacéuticas involucradas en el llamado ‘cártel de laboratorios’ deberían ser procesadas penalmente por haber manipulado licitaciones estatales y encarecido medicamentos destinados a tratamientos oncológicos, antibióticos y suplementos contra la anemia. En diálogo con un medio local, recordó que Indecopi ya impuso una fuerte multa administrativa, pero insistió en que la gravedad del caso exige una respuesta penal.

La investigación revelada por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia expuso correos, chats y archivos que muestran una coordinación sostenida entre laboratorios y distribuidoras entre 2006 y 2020. Según Benza, este comportamiento afectó el acceso a medicinas esenciales y generó situaciones que podrían constituir “exposición de personas al peligro”, al dificultar el abastecimiento de tratamientos para miles de pacientes.

El Ministerio de Salud ha solicitado que se evalúe la reapertura de un proceso penal, buscando también una indemnización por los perjuicios causados. Para Benza, esta iniciativa es necesaria, pero enfrenta un obstáculo importante: los hechos investigados llegan solo hasta 2019, un periodo previo a que la normativa permitiera procesarlos penalmente. “Se salvan por un tema de temporalidad, pero deberían ser juzgados a partir de cierto año”, advirtió.

El periodista explicó que la única vía que permitiría sanciones penales sería descubrir la participación de funcionarios que hayan recibido pagos o favores de las compañías involucradas. En ese escenario, la Fiscalía sí podría intervenir, pues ya no se trataría solo de colusión entre privados. No obstante, señaló que hasta ahora no se ha identificado un vínculo de este tipo en la investigación.

Benza insistió en que el caso muestra cómo determinados sectores de la industria farmacéutica se benefician de manera sistemática del dinero de personas que necesitan medicamentos urgentes. Por ello, pidió que la Defensoría del Pueblo intervenga para evitar que el proceso se debilite o se pierda en instancias superiores.

El periodista sostuvo que el país no puede permitir que una práctica que perjudicó a los pacientes durante más de una década quede sin consecuencias. Reiteró que, más allá de la multa, corresponde revisar el marco legal para evitar que delitos de esta naturaleza sigan quedando impunes debido a vacíos de temporalidad.