La agrupación "Unión Naval", conformada por oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, expresó su rechazo al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana del 13 de agosto, que se opone a la derogación de la Ley 32107. Esta ley establece los alcances sobre la aplicación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En su comunicado, Unión Naval calificó de "sorprendente y preocupante" la postura de la Conferencia Episcopal, acusándola de tener un "concepto muy pobre sobre lo que es justicia" e insinuando posibles simpatías ideológicas. Criticaron que la Iglesia no haya tenido una reacción similar cuando, durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, se redujeron penas e indultaron a terroristas.

Unión Naval defiende la Ley 32107, argumentando que esta no fomenta la impunidad sino que cumple con lo establecido en la Constitución y con la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Además, acusan que actualmente los militares y policías enfrentan procesos judiciales injustos, mientras que los terroristas están libres.

Finalmente, la agrupación hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar, señalando que la ley no es una amnistía y que quienes sean encontrados culpables de crímenes antes de 2003 recibirán la sanción correspondiente.