Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

En el Perú, no sé si por herencia colonial, la gente se llena de eufemismos al hablar y evita a toda costa llamar a las cosas por su nombre. La minería a pequeña escala y artesanal, no tiene por qué ser ilegal, pero mucha gente realiza “Extracción ilegal de minerales” y pretende ocultarse tras los términos de “pequeño minero”, “minero artesanal” o “minero informal”.

El Estado durante muchos años se ocupó del fomento a la pequeña minería y, para esto, constituyó una institución llamada Banco Minero del Perú (BMP). Esta era en realidad una institución de fomento a la pequeña minería, más que un banco. Si alguien tiene real interés en resolver el grave problema en que estamos, debería tomar nota de lo que era el BMP:

• Contaba con un departamento legal, el que verificaba la titularidad minera, concesiones y contratos de cesión. Si no contaban con ellos, los ayudaba a su gestión.
• Tenía un departamento técnico con geólogos, ingenieros de minas y metalurgistas, quienes visitaban el derecho minero, verificaban las características geológicas del yacimiento y su potencial para desarrollarlo, para asignarle actividades de labores mineras (avance de galerías, piques o chimeneas), les daba las indicaciones técnicas y de seguridad para su ejecución y recomendaba alguna habilitación sobre los minerales encontrados, que finalmente se los compraría.
• Contaba con laboratorios, que lo apoyaban con la verificación de los ensayes de muestras minerales y hasta laboratorio de espectrometría de absorción atómica, para verificar el contenido metálico de las muestras minerales de las áreas exploradas. Con esto apoyaba a los cateadores y prospectores.
• El BMP tenía un departamento logístico, el que vendía a los pequeños mineros todos los elementos (suministros, herramientas y equipos) para sus operaciones. Esto incluía la venta de explosivos, la misma que estaba controlada en función de los requerimientos técnicos prescritos. Ciertamente, este suministro era a precios competitivos con los obtenidos por las grandes empresas, debido a la economía de escala en su adquisición.
• Esta institución tenía plantas concentradoras para atender a precios competitivos a los clientes mineros y con esto, el BMP se aseguraba la recuperación de la habilitación sobre minerales otorgada previamente.
• Obviamente, el BMP tenía un departamento comercial, que valorizaba los concentrados o metales de los clientes mineros y los comercializaba, cual departamento comercial de una compañía minera grande.

El objetivo que perseguía el Estado, era que un ciudadano con vocación minera pueda constituirse en explorador y operador minero, pero bajo el absoluto cumplimiento de las leyes, brindándoles el apoyo legal, técnico, logístico, metalúrgico y comercial necesarios, en adición al apoyo financiero requerido para esta actividad.

Esta era una “carretera” de doble vía, pues en primera instancia, el Estado apoyaba el cateo y prospección mineras conducentes al descubrimiento de nuevos yacimientos, mientras que, en segunda instancia, los apoyaba a crecer en sus operaciones mineras.

De esta manera, el pequeño empresario minero podía optar por dos caminos:

1. Descubrir un yacimiento y venderlo a alguna empresa que pueda llevar adelante una inversión de dimensiones mayores.
2. Continuar con su actividad minera para pasar de ser un minero artesanal, a ser un pequeño minero y con el tiempo, trabajo y financiamiento, que el propio BMP estaba preparado para facilitarle, acompañarlo hasta llegar a ser un mediano minero.

Muchos pioneros de nuestra minería han trabajado con el Banco Minero del Perú, se han apoyado en sus capacidades técnicas, logísticas, legales, comerciales y financieras para abrir pequeñas minas, las que con el tiempo se convirtieron en operaciones de mediana escala, para al final, terminar siendo una empresa grande, operando varios yacimientos. Podría mencionar numerosos casos aún vigentes.

Ninguno de ellos tuvo que recurrir a la ilegalidad que tanto apoya y defiende un numeroso grupo de congresistas.

Como lo demuestra la historia de nuestra minería, todo nuestro desarrollo minero se sustenta en la legalidad de las operaciones, la correcta titularidad de la propiedad minera y el cumplimiento de las normas, asesorado por el propio Estado.

Ya es tiempo de que eliminemos absolutamente la extracción ilegal de minerales, para lo cual debemos, de un lado, ser estrictos en la exigencia del cumplimiento de la ley y, por otro lado, brindarles el acompañamiento técnico-legal y financiero que requieran.

No debemos otorgar más ampliaciones de REINFO, pues no son necesarios.

Pero reeditemos la historia de fomento a la actividad minera, usando mecanismos simples y adecuados a nuestras nuevas circunstancias.

Controlemos las plantas metalúrgicas que operan sin tener mina propia y convirtámoslas en un instrumento de formalización minera.

Apoyemos técnicamente las labores mineras, para que sean eficientes y seguras.

Brindemos apoyo legal para que nuestros mineros artesanales regularicen la titularidad minera de sus descubrimientos, o bien, que regularicen sus contratos de cesión con los propietarios de las concesiones.

Apoyemos la logística que requieren, pues no tienen el tamaño suficiente para solventar esa actividad.

Finalmente, apoyemos con el servicio de comercialización a esos empresarios mineros a pequeña escala.

Pero de ninguna manera permitamos la actividad minera ilegal, pues está íntimamente ligada al delito.