El ministro de Economía, José Arista, ha decidido aumentar la caja fiscal, recaudando fondos al gravar con el Impuesto General a las Ventas (IGV) a todos los servicios digitales que consumimos los peruanos.

De acuerdo a la normativa promulgada por el Ejecutivo, en marco de las facultades delegadas por el Congreso, se cobrará IGV a la compra de memoria en la nube para los correos electrónicos como Gmail, pasando por los cursos en línea, las plataformas de reuniones virtuales, como Zoom, y otros servicios digitales como Netflix, Spotify, Youtube, Uber, Amazon, que operan en la economía formal. 

Lo cuestionable no es solo el impuesto en sí, sino que se ha delegado el trabajo de cobrarlo a la banca, que no cuenta con la tecnología para ello. 

Por esta razón, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) solicitó la semana pasada una reunión con el Ministro de Economía para presentar sus observaciones al decreto de marras. 

Según el gremio, las principales observaciones a la norma están en la complejidad del cumplimiento y la falta de claridad sobre el rol que cumplirán las entidades financieras. 

“La Asociación de Bancos considera que esta falta de claridad puede ocasionar mayores perjuicios que beneficios para los usuarios y clientes”, advirtió Asbanc.