Perucámaras exhortó al presidente José Jerí a no mantener a Raúl Pérez Reyes como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al considerar que su permanencia “compromete la estabilidad constitucional, la coherencia fiscal y la credibilidad institucional del país”.

Según el gremio, que agrupa a las cámaras de comercio regionales, la gestión del actual ministro ha mostrado “tolerancia ante la erosión del orden legal, indiferencia frente a la informalidad estructural y una preocupante subordinación política del aparato económico”.

En un comunicado, la organización afirmó que Pérez Reyes permitió que el Congreso imponga medidas de gasto sin sustento técnico, vulnerando el principio de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. También criticó su falta de firmeza ante la crisis de Petroperú y la ausencia de una visión transformadora en el presupuesto 2025, que —según señalan— prioriza el gasto corriente sobre la inversión estratégica en sectores clave como el Interior.

El gremio sostuvo que durante la gestión de Pérez Reyes se ha perdido autonomía técnica en el MEF y se ha debilitado la confianza empresarial. “Sostener este modelo de gestión representa un riesgo para el orden macroeconómico y la gobernabilidad democrática. El país necesita un liderazgo técnico y autónomo, capaz de ofrecer certezas y resultados en un momento de alta fragilidad institucional”, indicó Perucámaras.

Asimismo, cuestionó los antecedentes del ministro en el sector Transportes y Comunicaciones, donde —según el pronunciamiento— dejó proyectos inconclusos y demoras injustificadas, como en el aeropuerto de Chinchero y el puente Santa Rosa. También señaló su falta de acción frente a la minería ilegal y la evasión tributaria asociada, que habría generado pérdidas fiscales por más de S/9,000 millones entre 2023 y 2025.

Finalmente, Perucámaras enfatizó que el país necesita un ministro con “solvencia técnica, independencia política y visión estructural”. En esa línea, afirmó que la continuidad de Pérez Reyes “no es sostenible ni responsable”, pues “representa un riesgo real para la arquitectura económica, la estabilidad institucional y la confianza democrática del Perú”.