El número de abortos en Carolina del Sur se redujo en un 63 % entre 2023 y 2024, según el informe anual del Departamento de Salud Pública. En cifras absolutas, se realizaron 5.162 interrupciones del embarazo menos que el año anterior, lo que representa el mayor descenso desde que el aborto fue legalizado en todo Estados Unidos en 1973.

El cambio coincide con la plena entrada en vigor de la llamada Ley del Latido Fetal, que restringe esta práctica una vez que se detecta actividad cardíaca en el embrión, lo cual suele ocurrir alrededor de las seis semanas de gestación.

La legislación fue firmada en 2023 por el gobernador republicano Henry McMaster, quien celebró los nuevos datos como una validación de la norma. “Reflejan los principios de nuestra sociedad y nuestro compromiso con los más vulnerables”, afirmó. La ley establece excepciones limitadas, pero en la práctica ha significado una disminución sustancial del número total de abortos en el estado. Las autoridades estatales aseguran que el objetivo principal es proteger la vida desde sus primeras etapas.

Otro factor que ha influido en la reducción es el recorte de fondos públicos a Planned Parenthood, la organización más conocida por ofrecer servicios de aborto en Estados Unidos. Esta decisión del gobernador McMaster fue respaldada por la Corte Suprema del país. En 2024, los centros que la organización mantiene en Columbia y Charleston reportaron 1.394 abortos, lo que representa casi la mitad del total registrado en Carolina del Sur ese año.

Desde los sectores provida, los datos han sido celebrados como una victoria legislativa y moral. Lisa Van Riper, presidenta de South Carolina Citizens for Life, sostuvo que “estos números representan a más de 5.100 bebés que han podido nacer” y agradeció a los legisladores por su rol en la aprobación de la norma. Argumentó además que muchas madres han evitado, según dijo, posibles secuelas emocionales y físicas.

Por su parte, Linda Plummer, directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Atención Prenatal del estado, subrayó la importancia del apoyo financiero otorgado por la Asamblea General para fortalecer la red de asistencia a mujeres embarazadas. Desde 2022, el gobierno estatal ha destinado fondos a clínicas médicas y centros de orientación para ayudar a quienes enfrentan embarazos no planificados, una estrategia que, según Plummer, permite que más mujeres encuentren alternativas y respaldo oportuno.