Un informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la Medición de la Pobreza proyecta que, de adoptarse una nueva metodología más exigente, la tasa de pobreza en Chile podría elevarse del 6,5% actual hasta un 22,3%. La propuesta busca adaptar los parámetros al desarrollo económico del país y a los patrones de consumo contemporáneos, reflejando con mayor precisión las condiciones materiales necesarias para una vida digna.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó que “cuando un país progresa, también debe evolucionar en la forma en que se mide a sí mismo”, resaltando que la última gran revisión metodológica se realizó en 2013 y ya era tiempo de una actualización. El informe, entregado al presidente Gabriel Boric, plantea revisar aspectos como el costo real de la vivienda, el valor nutricional de los alimentos consumidos y el concepto de ingreso efectivo.

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que el actual criterio de medición —basado en requerimientos calóricos mínimos y alquileres imputados— resulta obsoleto para un país de ingreso medio alto como Chile. La comisión sugiere operar con dos líneas de pobreza diferenciadas para arrendatarios y propietarios, además de excluir el “alquiler imputado” de los cálculos oficiales.

El informe también pone en evidencia que la calidad de la alimentación ha reemplazado al déficit calórico como principal problema nutricional. Por ello, se recomienda reducir el consumo de alimentos ultra procesados y adoptar una canasta de alimentos saludables como base para calcular la línea de pobreza, ajustando su costo de manera específica y no según el índice de precios general.

Si el gobierno adopta estos criterios, la encuesta Casen 2024 podría revelar una pobreza significativamente mayor que la registrada en años anteriores. Esta redefinición no implica necesariamente un empeoramiento de las condiciones económicas, sino una corrección metodológica que busca visibilizar a sectores históricamente invisibilizados por las cifras oficiales y generar políticas públicas más acordes a la realidad social actual.