El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó a la Administración de Donald Trump en su decisión de exigir que el sexo asignado al nacer figure en los pasaportes, dejando sin efecto la política que permitía a las personas trans y no binarias autoidentificar su género en estos documentos. La medida implica el retorno al criterio biológico, priorizando la información registrada al nacer por encima de la identidad de género del solicitante.

La decisión del Supremo contó con el apoyo de los seis jueces de tendencia conservadora, quienes suspendieron una orden de una corte inferior que obligaba al Gobierno a seguir permitiendo que los ciudadanos eligieran entre masculino, femenino o la opción X. Los tres magistrados progresistas expresaron su desacuerdo con la resolución, pero la mayoría impuso su postura jurídica.

Con este fallo, los pasaportes estadounidenses dejarán de reconocer identidades de género distintas al sexo biológico. La mayoría del tribunal sostuvo que esta exigencia no vulnera derechos: «Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado», se lee en la resolución.

Durante el gobierno de Joe Biden se había habilitado la opción “X” en los pasaportes, permitiendo que personas no binarias, intersexuales o de género no conforme pudieran usar esa identificación. Sin embargo, Trump firmó en su primer día de mandato una orden ejecutiva que revirtió la política, argumentando que el sexo biológico es información necesaria en documentos oficiales y que aporta claridad en gestiones del Estado.

La decisión se suma a otras acciones impulsadas por la nueva administración republicana que afectan directamente a los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente de la comunidad trans. Entre las medidas más controvertidas figura la prohibición de que mujeres trans compitan en categorías deportivas femeninas, configurando un endurecimiento de la agenda gubernamental respecto a cuestiones de género y reconocimiento legal.