El senador Rodrigo Paz, de 58 años, será el próximo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 54 % de los votos frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Su triunfo marca el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda y el inicio de una etapa moderada que busca reformar el modelo económico sin provocar rupturas abruptas.

Asumirá el cargo el 8 de noviembre con la bandera de un “capitalismo para todos” y la intención de eliminar lo que llama el “Estado tranca”.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, el nuevo mandatario proviene de una tradición política de centro, pero se ha presentado como un líder pragmático, dispuesto a desregular la economía y descentralizar el presupuesto nacional. Su propuesta económica incluye la reducción de impuestos, la ampliación del crédito, la creación de un fondo de estabilización del dólar y la aplicación de subsidios diferenciados a los combustibles. Además, busca recuperar los miles de millones de dólares que circulan fuera del sistema bancario o se mantienen en el extranjero.

Su victoria fue posible gracias al voto popular que antes respaldaba al Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente en sectores rurales y urbanos que expresaron su desencanto con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Analistas como Eduardo Gamarra y Fernando Molina sostienen que Paz supo captar el apoyo de los “mestizos populares” de regiones como El Alto, donde la demanda de renovación política pesó más que la lealtad partidaria.

Moderado y de perfil dialogante, Paz ha construido su carrera como diputado, alcalde y senador por Tarija, y ha logrado mantenerse vigente pese a los cambios de siglas partidarias. Durante la campaña, evitó identificarse con ideologías rígidas y se mostró partidario de un enfoque económico que combine eficiencia de mercado con apoyo social. “Queremos trabajar con todos y producir con todos”, dijo en uno de sus discursos.

El desafío del nuevo mandatario será enfrentar la crisis económica más severa de los últimos años, marcada por la escasez de reservas, la inflación y una elevada informalidad laboral. Su plan de descentralización —el “50-50”— busca que la mitad de los recursos generados se quede en las regiones, con el propósito de fortalecer las autonomías locales y reconstruir la confianza en un sistema político debilitado tras años de polarización.