El expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta un juicio oral por el presunto delito de cohecho pasivo propio, podría salir del país a partir de enero debido a la ausencia de medidas restrictivas en su contra.

Esta situación genera preocupación en el Ministerio Público y entre diversos expertos en derecho penal, quienes advierten sobre los riesgos si no se amplían las restricciones judiciales.

A poco más de un mes del inicio del juicio oral, Vizcarra ha obtenido dos triunfos judiciales significativos. Estas decisiones han generado alarma en el Ministerio Público, que alista estrategias para evitar un posible escenario de fuga o entorpecimiento del proceso.

Vizcarra está acusado de haber recibido millonarios sobornos mientras se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua (2010-2014), presuntamente a cambio de adjudicar obras públicas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no cuenta con restricciones como la prohibición de salida del país o prisión preventiva, lo que ha sido señalado como una vulnerabilidad en el caso.

Abogados penalistas como Enrique Ghersi, Andy Carrión y Cecilia Madrid han advertido sobre el riesgo inminente de que Vizcarra pueda abandonar el país, aprovechando la falta de restricciones. Según ellos, la ausencia de medidas adicionales compromete no solo la continuidad del juicio, sino también la percepción de justicia en casos de alta relevancia pública.

Ante el escenario actual, la fiscalía evalúa solicitar al Poder Judicial una ampliación de las medidas cautelares contra Vizcarra. Sin embargo, expertos advierten que cualquier demora en este procedimiento podría favorecer al expresidente, quien no ha emitido declaraciones recientes sobre el tema.

El caso contra Martín Vizcarra continúa siendo uno de los procesos judiciales más seguidos en el país, no solo por la magnitud de las acusaciones, sino también por el impacto político y social que podría generar. La atención pública y mediática sobre el desarrollo del juicio pone en evidencia las tensiones entre el sistema de justicia y la necesidad de garantizar procesos justos y eficientes.

Con el inicio del 2025 acercándose rápidamente, el Ministerio Público tiene poco tiempo para actuar y evitar que el expresidente deje el país, poniendo en riesgo la resolución del caso.