Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

El Perú enfrenta una intolerable paradoja institucional: mientras la criminalidad urbana desangra a la población y las organizaciones delictivas transnacionales consolidan su dominio territorial, sectores del Congreso decidieron bloquear las facultades extraordinarias y el Poder Judicial está boicoteando la defensa de la ciudadanía. No se trata de algún desacuerdo técnico ni de un debate democrático legítimo. Hablamos de un operativo político deliberado, articulado por Juntos por el Perú —partido presidido desde la prisión por Pedro Castillo, miembro del Movadef— y respaldado por un núcleo duro de jueces del Poder Judicial que actúan como si la seguridad nacional fuera un asunto negociable.

El boicot es evidente. Juntos por el Perú, bajo la conducción de Roberto Sánchez, ha convertido la Comisión de Constitución en un espacio de dilación permanente. El plazo reglamentario para delegar facultades —que es de quince días hábiles— venció el 22 de septiembre, pero la comisión presidida por Giannina Avendaño —del citado partido— se ha dedicado a organizar conversatorios, en vez de cumplir su obligación constitucional de dictaminar. Hoy no tenemos dictamen, no existe debate y tampoco hay responsabilidad institucional. Subsiste, eso sí, una estrategia para impedir que el Ejecutivo legisle en materia de seguridad ciudadana, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo y prevención del Fenómeno El Niño.

La gravedad jurídica es manifiesta. El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar facultades legislativas al Ejecutivo si la urgencia lo exige. Y si algo caracteriza a la coyuntura actual es, precisamente, aquella urgencia: asesinatos diarios, extorsiones masivas, sicariato en expansión, minería ilegal con poderes bélicos, narcotráfico infiltrado en barrios y mercados. Negarse siquiera a dictaminar implica una gravísima omisión inconstitucional, porque impide que el Estado adopte medidas inmediatas para proteger la vida de los ciudadanos.

Pero la obstrucción no proviene solo del Congreso. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, insiste en una interpretación maximalista de la autonomía judicial para justificar la existencia de innumerables procesos eternos contra militares y policías que batallaron contra el terrorismo. Esta postura, lejos de fortalecer el Estado de derecho, debilita la capacidad operativa de las fuerzas del orden y envía un mensaje devastador: quienes enfrentan a organizaciones terroristas pueden terminar perseguidos por un sistema judicial que no distingue entre defensa del Estado y abuso de autoridad.

¡El resultado es este país paralizado por la inacción de quienes debieran garantizar su seguridad! Ocho de las doce comisiones del Congreso demandan celeridad para aprobar las facultades. Sin embargo, la maquinaria de bloqueo —que lidera Sánchez y respalda Tello— continúa sacrificando vidas peruanas en nombre de una agenda política que privilegia la confrontación partidaria, no proteger a Juan Pueblo, a escaso mes y medio de la llegada del Papa León XVI.

El Congreso debió dar inmediatamente las facultades extraordinarias en seguridad y prevención del Fenómeno El Niño. Su omisión, en un contexto de violencia tan descomunal, no es solamente temeraria: es moralmente inadmisible.

Renovación Popular es, hasta ahora, el único aliado del Ejecutivo. El resto parece haber elegido la indiferencia como política de Estado.