Por Pablo Moreyra A., economista y consultor

Nadie está hablando de qué pasa si Diputados archiva el pedido de facultades. Y habría que hablarlo, porque si lo archivan no hay vuelta: no pasa al Senado, no hay insistencia, el pedido se muere ahí.

Así que vale preguntarse qué haría el Ejecutivo al día siguiente. Yo veo cinco caminos, y ninguno reemplaza a la delegación, pero juntos cubren buena parte (Plan B).

El primero es mandar el bloque penal como proyectos de ley sueltos y cortos, con carácter de urgencia. Extorsión y sicariato por un lado, comunicaciones en penales por otro, geolocalización, migratorio. No sale más rápido, pero cambia quién paga el costo. Rechazar una delegación no le cuesta nada a un congresista. Votar en contra de una ley antiextorsión, con su nombre en el tablero, cuesta bastante más.

El segundo son los decretos de urgencia, y hay que decir que la franja es angosta. Sirven para materia económica y financiera, nada más. No alcanzan para lo penal ni para lo tributario. Y el Congreso los puede derogar, así que forzarlos es perder dos veces.

El tercero es lo que vengo escribiendo hace semanas: todo lo que ya se puede firmar sin pedirle permiso a nadie. Estandarizar trámites en todo el país, calidad regulatoria, cobrar los derechos de trámite según lo que realmente cuestan, la vigencia de los certificados de seguridad, la inspección laboral con enfoque preventivo. Si archivan el paquete, esto deja de ser recomendable y pasa a ser obligatorio. Es la prueba de que sin facultades igual se gobierna.

El cuarto casi nadie lo está mirando y tiene fecha: la Ley de Presupuesto 2027, que se aprueba antes del 30 de noviembre. Ahí entra el gasto para El Niño, para el agro y para vivienda, y llega antes que cualquier decreto legislativo. Eso sí, sin meterle reformas ajenas, porque después se cae en el Tribunal Constitucional.

Y el quinto es El Niño, que nunca dependió de esto. Declaratorias de emergencia, mover partidas, contratar por emergencia, hacer las obras. Lo único que el paquete aportaba de verdad era dejar que INDECI entregue ayuda directa los primeros quince días. Eso mandaría como ley aparte, de una página. Con la alerta del ENFEN encima, rechazar algo así le sale caro a cualquiera.

Hay cosas que no tienen salida, y conviene ser claro. La reforma tributaria no la arregla ningún decreto. Los topes a las tasas tampoco. Y si el Congreso además tumba los proyectos penales uno por uno, ya no estamos hablando de qué instrumento usar sino de que no hay votos.

Dos cosas que no haría: plantear cuestión de confianza, porque no procede cuando se trata de competencias del propio Congreso, y volver a presentar los mismos 66 con otro nombre.

Ojalá Diputados apruebe, y rápido (aunque sea una parte). No apostaría a eso. Y un gobierno que solo tiene Plan A negocia mal (para eso debe haber Plan B).