Por Hugo Guerra, publicado en Expreso

Cinco años después de su fatídica partida y al celebrarse el centenario del APRA, el país exige conocer cómo fue el cerco mortal contra el presidente Alan García para castigar con rigor a los miserables que lo llevaron al suicidio.

Al dos veces exmandatario le habían tendido una densa trampa fiscal. Lo acusaban, en síntesis, de cohecho, basados en que había percibido honorarios por dictar conferencias en el Brasil a funcionarios de la empresa Odebrecht; y a partir de ello querían vincularlo en el caso Lava Jato.

En numerosas citaciones fiscales García ya había demostrado la licitud y el pago de los impuestos por sus conferencias, así como la absoluta inocencia ante cualquier otro delito que le imputaran. Pero el enfermo fiscal Domingo Pérez persistió en volverlo a convocar a un interrogatorio ante el cual muchos sugerimos que Alan no asistiera porque sospechábamos que se trataba de una jugarreta macabra a partir de la cual, con falsedad, le imputarían comisión de delitos y lo detendrían humillándolo enmarrocado y con el chaleco de detenido tal como vejaron a Keiko Fujimori.

El presidente ciertamente estaba mortificado pero regresó de Madrid, donde residía, con la convicción de que nada teme el que nada debe. En los días previos a la audiencia la presión fiscal se hizo tan descarada que, por fin, intentó asilarse en la embajada del Uruguay; pero esto no pudo prosperar porque bichos como Pedro Cateriano inclusive viajaron a Montevideo para presionar al presidente Tabaré Vásquez a que no concediera el asilo.

Por fin llegó la madrugada del allanamiento que consistió en un gran montaje fiscal, mediático y de la Diviac. Todo estuvo tan bien planificado que Pérez no asistió pero envió a sus esbirros en manada, una bloguera caviar anunció la detención antes que se produjeran los hechos, un canal de TV hizo lo mismo y hasta hubo un consejo de ministros madrugador. Tiempo después el ex asesor de la Fiscal de la Nación Jaime Villanueva ha confesado que el plan estuvo urdido con el fiscal Vela Barba, quien anunció a Gorriti que, como pago de favores, ya estaba previsto el impedimento de salida para García de forma que cayera en el cerco.

El suicidio fue, pues, en la práctica un asesinato. Por eso el pedido, que lo honra, del almirante Jorge Montoya para que el Congreso investigue los hechos es urgente. La cárcel espera a los malditos del magnicidio.