Por Óscar Becerra Tresierra, publicado en Expreso

Un coronel PNP con tres propiedades y sus padres con dos propiedades más es la realidad de un policía que se autoproclama líder de la lucha contra la corrupción. Pero, ¿qué sucedería si el ministro del Interior alquilara una de sus propiedades a una división policial? La prensa exigiría su renuncia en medio de un escándalo mediático. Pero aquí no pasa nada. El “policía abanderado de la moral”, con su silencio y la inacción de la justicia, permite que los peruanos sigamos pensando que la justicia tiene un doble estándar.

Este coronel, según el programa Milagros Leiva, arrienda una de sus propiedades a su institución. Entonces, ¿allanarán los domicilios de este activista uniformado? ¿Levantarán su voz los congresistas o el miedo también los inmoviliza a ellos? ¿Los peruanos acaso no somos iguales ante la ley? Recordemos que, por menos, destituyeron al fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y por mucho menos suspendieron a la fiscal Patricia Benavides.

Nosotros no condenamos a nadie. Pero demandamos que la justicia no sea guiada por la ideología o el odio. Exigimos que los altos mandos de la PNP no se mojen los pantalones de miedo, como ocurre con los fiscales genuflexos ante organizaciones criminales como el Club de la Construcción u Odebrecht en el Perú. ¿Pasarán mil años para saber la verdad?

Otro tema con el que el Perú da muestras de atraso sucedió la semana pasada en la ciudad de Nueva Orleans, anfitriona del más grande encuentro de universidades que pretenden la internacionalización como fuente de crecimiento y búsqueda de la excelencia. Este evento reunió a instituciones académicas de todo el mundo con el objetivo de fomentar la cooperación internacional, el intercambio de ideas y el desarrollo de estrategias para mejorar la calidad educativa a través de la globalización.

La presencia del Perú en este evento fue posible gracias a la iniciativa gubernamental de apoyar el pabellón “Study in Peru”, una plataforma diseñada para promover nuestras instituciones educativas y atraer estudiantes extranjeros. Sin embargo, con tristeza vemos que nuestro país se encuentra en una posición contradictoria, al ser el único país que prohíbe la educación íntegramente virtual. Esta posición, impulsada inicialmente por la anterior administración de SUNEDU y apoyada por la actual, refleja una actitud que va a contracorriente de la tendencia global.

Es crucial recordar que la verdadera falta de calidad en la educación no es una cuestión de modalidad, sino de integridad y rigor académico. En nuestra sociedad, donde la falta de integridad es omnipresente, cualquier esfuerzo por promover la calidad es bienvenido. Sin embargo, la prohibición de la educación virtual, una tecnología que es ampliamente utilizada y promovida por las mejores universidades del mundo, no es el camino adecuado. Hemos visto que la educación presencial puede ser deficiente si no se implementa con los estándares adecuados, y lo mismo puede suceder con la educación virtual. La clave está en la supervisión y acreditación, pero no en la anulación.

Afortunadamente, existen a nivel mundial organizaciones que acreditan y certifican la calidad de la educación virtual. Podemos y debemos recurrir a ellas para asegurar que nuestros programas cumplan con los más altos estándares internacionales. En lugar de privar a nuestras universidades de la capacidad de ofrecer educación virtual, deberíamos fomentar su desarrollo bajo estrictos controles de calidad.

En conclusión, mientras celebramos la participación del Perú en eventos internacionales y el apoyo gubernamental a la internacionalización de nuestra educación, también debemos abogar por una política más inclusiva y progresista respecto a la educación virtual. Adoptar la virtualidad no solo alinea a nuestro país con las mejores prácticas globales, sino que también amplía el acceso a la educación de calidad para todos los peruanos.