Editorial El Comercio

A solo dos semanas del inicio del gobierno de la presidenta Fujimori, la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados ha presentado una moción para interpelar al titular de Defensa, Rafael Belaunde. Se trata de una iniciativa llamativamente temprana, pues la gestión del ministro recién empieza. Cabe entonces interpretar las posibles razones del afán interpelatorio de JP.

Las preguntas planteadas al ministro en el documento son 43 y abarcan diversos asuntos, pero la mayoría gira en torno a la provisión de seguridad en zonas donde impera la minería ilegal, una materia que de tiempo atrás ha estado en el centro de las preocupaciones del referido partido… y para mal. Este Diario ha informado, por ejemplo, sobre la decena de proyectos favorables a la minería informal que, como autor o coautor, Roberto Sánchez suscribió mientras era congresista, entre el 2021 y el 2026. Iniciativas que buscaban la extensión de la vigencia del Reinfo –en un caso, hasta el 2030– y la reducción de las herramientas legales para combatir las manifestaciones delictivas de ese tipo de minería. Entre ellas, cabe destacar la Ley 31989, que derogó la disposición que permitía a la policía intervenir en actividades mineras ante el uso ilegal de explosivos. No menos significativas fueron sus reuniones con los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), ya en plena campaña presidencial, y la forma en que ello se tradujo en su plan de gobierno.

A ello se suma un frente que no estaba en el guion original: la moción incluye también preguntas sobre los presuntos aportes económicos que Belaunde habría recibido de Evangelina Arias, presidenta del directorio de la Minera Poderosa, para su campaña presidencial por Libertad Popular, y sobre el consiguiente despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona de influencia de la empresa. El ministro ha negado que el dinero proviniera de la compañía y ha aclarado que Arias aportó a título personal. La presencia militar en la zona está justificada tras serios hechos de violencia en Pataz.

La circunstancia de que ahora se le quiera preguntar a Belaunde: “¿Cómo diferencia el Ministerio de Defensa a los mineros artesanales en proceso de formalización de la minería ilegal y las organizaciones criminales?” o “¿qué coordinación mantiene con el Ministerio de Energía y Minas respecto del Reinfo y del proceso de formalización minera?” sugiere entonces que estamos esencialmente ante un esfuerzo de JP por continuar cubriéndoles las espaldas a sus protegidos. Todo ministro debe responder cuando es llamado por el Congreso. Pero, en este caso, las preocupaciones de JP parecen tener otras motivaciones. En honor a la verdad, ellos también tendrían que responder por sus vínculos con una actividad que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al Perú.