Por Manuel Romero Caro, publicado en Expreso

El Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht (ACO) ya ha superado largamente su 5.º aniversario, ya que se firmó en febrero del 2019. Y no creo que haya nadie imparcial que sostenga que ha sido un éxito. Se le ha entregado demasiado a la constructora brasileña y a sus principales ejecutivos a cambio de muy poco, e inclusive posteriormente llegó la decisión de ya no seguir colaborando. Lo que obliga a conocer, de una buena vez, todos los beneficios que se le han otorgado.

Es por ello que, durante el período de vida del ACO, permanentemente se han manifestado numerosas demandas para que se haga público dicho acuerdo. Sin embargo, el periodista Phillip Butters presentó un habeas data para acceder al referido acuerdo. Y este lunes 02.12.24, el TC escucharía los argumentos de Butters.

Hay que recordar que, a la fecha en que se firmó el ACO (15.02.2019), ya se conocía, desde diciembre del 2016, que el Departamento de Justicia de EE. UU. ya había precisado que Odebrecht había pagado US$ 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. Dilma Rousseff ya había sido destituida (2016) y acusada de corrupción en el caso Lava Jato; y Lula da Silva ya había sido condenado por corrupción pasiva y lavado, acusado de recibir beneficios de las empresas constructoras brasileñas. Por lo que el gobierno, la procuraduría, el Ministerio Público, los medios de comunicación, los bancos prestamistas, etc., conocían plenamente la catadura moral del grupo Odebrecht y sus principales funcionarios, con quienes estaban negociando y muchos lo estaban defendiendo.

Es que la negociación fue totalmente desbalanceada a favor de Odebrecht: además de la impunidad para sus exdirectivos, se le permitió seguir operando en el país, vender sus activos; se les aceptó una reparación ridículamente pequeña; se les otorgó un blindaje de medidas cautelares (bloqueos, embargos, etc.). Y a cambio de todo lo anterior, ¿en qué aspectos importantes ha cedido Odebrecht a cambio de las numerosas concesiones recibidas, fuera de la reducida información referida a solo 4 de sus más de 64 obras en  Perú?

Una “concesión” clave fue la promulgación de la ley 30737 (12.03.2018), que exoneró de incluir la venta de Chaglla de lo dispuesto por dicha ley, favoreciendo a los acreedores de Odebrecht (Odb) y recortando los fondos para la reparación civil. Es que cuando, si alguna vez sucede, se acuse a la Procuraduría y a la Fiscalía, ellos argumentarían que simplemente siguieron lo establecido en la ley 30737. Que se trataba de un terno a la medida de Odebrecht y de los bancos acreedores, que no debieron financiar a corto plazo el gasoducto hasta que no se hubiera asegurado el financiamiento definitivo, el que nunca se concretó.

Es así que los bancos acreedores, que habían quedado “enganchados”, presionaron a Odb y a PPK hasta que se publicó la ley 30737. Por lo que algunas preguntas a formularse son: ¿por qué se han negado a publicar el Acuerdo con Odebrecht a medida que se publicaban nuevas irregularidades?; ¿a qué grandes intereses se están protegiendo al negarse su publicación?