Editorial de El Comercio

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán enfrenta, junto a sus coinvestigados en el Caso Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), un pedido de reparación civil de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato que asciende a más de US$267 millones, a lo que se agrega un monto adicional de S/7′349.457. En ese caso, como se sabe, ella es investigada por los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible. Y los coinvestigados en cuestión son Domingo Arzubialde Elorrieta, Juan Andrés Ramos Arapa, Carlos Fernando Steiert Goicochea, Juan José Neyra Montes, Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Blua y Daniella Canales Hernández: todos exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cabe anotar que están también incluidos en la pesquisa diez exfuncionarios de la administración que siguió a la de Villarán; es decir, la que encabezó el fallecido Luis Castañeda Lossio entre el 2014 y el 2018.

Esta solicitud de la procuraduría, por otra parte, se suma a otras similares para que, en caso de ser condenada en los diversos procesos en los que la exalcaldesa está comprendida por presuntos actos de corrupción, se compense al Estado. La Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato ya había solicitado, concretamente, que ella pague una reparación de US$20 millones por el Caso del No a la Revocatoria.

De cualquier forma, en el caso que ha dado pie a este nuevo pedido de reparación civil, lo que se le imputa a Villarán es haber incurrido en presuntas irregularidades luego del proceso electoral que la convirtió en burgomaestre capitalina, en el 2010: una posición desde la que habría favorecido a la empresa Odebrecht y al concesionario Rutas de Lima con el proyecto Vías Nuevas de Lima. Se le atribuye haber intervenido, en tanto supuesta cabecilla de una organización criminal enquistada en el municipio, en la etapa de ejecución de ese proyecto, lo que habría constituido un quebrantamiento de sus funciones. Así, el Estado Peruano habría resultado defraudado y perjudicado.

Como se recordó ayer en un informe de este Diario, los hechos investigados incluyen la presunta sobrevaloración de la reconstrucción del puente San Pedro y la suscripción de una adenda en febrero del 2014 para modificar el contrato de concesión y permitir el incremento de la tarifa de los peajes, entre otros. Para esos efectos, siempre según el Ministerio Público, la exalcaldesa habría concertado con el exdirector de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y con el representante de Rutas de Lima Raúl Ribeyro Pereyra.

Estamos, dicho sea de paso, ante un asunto bastante demorado, porque ya la propia Villarán, quien enfrenta sus procesos con comparecencia, admitió hace tiempo que recibió dinero de Odebrecht. Esa indeseable demora, no obstante, tiene una consecuencia que, en medio de todo, es positiva, pues nos trae a la memoria hechos bochornosos que la vorágine de escándalos políticos de corrupción a la que estamos expuestos los peruanos a veces sepulta en el olvido. La exalcaldesa de Lima ocupa un lugar preferencial en la lista de las autoridades que en nuestra historia reciente se aprovecharon del cargo que ostentaban de manera indebida y debe enfrentar un juicio por eso.

Hay quienes han tratado de mitigar su responsabilidad en lo sucedido alegando que ella utilizó los cuestionados fondos en su empeño de ser elegida o evitar ser revocada y no “en provecho personal”… Como si el destino que se le da a un dinero mal habido supusiera alguna distinción moral. Esa, por supuesto, es una tesis irrisoria. Un intento de coartada, en última instancia. Y desde el principio fue señalado como tal desde este Diario.

La justicia toca la puerta de Villarán y es probable que las malas noticias para ella no cesen pronto.