Escrito por Juan Carlos Suttor, publicado en el blog Sin Pelos en la Lengua

Todos los economistas aseguran que la última década fue otra década perdida, muy parecida a la de los ochenta. Después del gobierno nacionalista el país empezó una etapa de muy bajo crecimiento –de menos del 3% del PBI– y se volvió imposible reducir la pobreza, hasta que la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas encumbró a Pedro Castillo en el poder. El Perú entró en recesión y la pobreza se disparó. Se perdió todo lo avanzado en el segundo gobierno de Alan García.

¿Por qué llegamos a esta tragedia? ¿Por qué el Perú volvió a perder la oportunidad de acercarse al desarrollo? La explicación, sin duda, está en las narrativas perversas que organizaron las ONG, que respondían exclusivamente a las orientaciones del progresismo y el neocomunismo, que detuvieron en seco las posibilidades del Perú. De allí la decisión del Congreso de avanzar en el control del financiamiento externo de las ONG.

El pronunciamiento a mediados de este año de las embajadas de los Estados Unidos, del Reino Unido y algunos países de la Unión Europea –alrededor de 16 estados– expresando preocupación con respecto a las enmiendas que propone el Congreso para ampliar las capacidades de control y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre el financiamiento de las ONG, entidad que reporta al Ministerio de Relaciones Exteriores, revela una preocupante injerencia en los asuntos internos de la República.

Una ONG en los Estados Unidos tiene diez días para registrarse como tal luego de haber establecido una relación financiera con cualquier entidad extranjera para actuar en territorio estadounidense. Las penas por incumplir esta norma van desde los cinco años de cárcel hasta US$ 250.000 de multa.

Algo parecido sucede en el Reino Unido con el Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), que obliga a las asociaciones civiles que desarrollan actividades con impacto político en la sociedad y que reciben donaciones del extranjero a registrarse. Si una ONG incumple con el mencionado registro las sanciones van desde multas hasta prisión efectiva.

¿Por qué entonces causa tanta preocupación un sistema de control parecido a los que existen en los países cuyas diplomacias se están pronunciando en contra?

Y ahí tenemos, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (que de verdad y de reconciliación no tiene nada) que envileció la política peruana a tal extremo que todo lo que fuese fujimorismo era la la suma de todos los males y todo lo que fuese antifujimorismo era la síntesis de lo bueno. La teoría acerca de que hubo una violación sistemática de Derechos Humanos prostituyó nuestra política de tal manera que la gente –como en los peores momentos del nazismo– eligió al peor y al menos preparado para la jefatura de Estado. ¿Puede explicarse ese error garrafal de nuestra sociedad sin la labor corrosiva de las ONG? Parece que no. ¿Cómo entonces hubo financiamiento del extranjero para este tipo de políticas?

En el caso de la minería, si el país estuviese ejecutando los proyectos mineros –sobre todo las minas Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otras, en Cajamarca– hoy el Perú estaría creciendo sobre el 5%; no se produciría 2,5 millones de toneladas de cobre sino más de 3,5 millones, la pobreza habría descendido a menos del 15% de la población y Cajamarca no sería la región más pobre del país sino una con el ingreso per cápita más alto. ¿Se puede entender esta tragedia económica y social sin la labor de las ONG que construyeron la fábula del “agua sí, oro no” y señalaron que unas lagunas muertas eran más importantes que la pobreza de varias generaciones de niños? ¿Cómo pudo haber financiamiento para esta barbarie económica que solo favorecía a los competidores internacionales del Perú en la producción de cobre?

Algo similar sucede en la industria pesquera y el financiamiento de algunas ONG que inventan relatos que no resisten el menor análisis. Unos años atrás se desarrollaba pesca industrial a partir de la milla 3. Las fábulas ecologistas llevaron a restringir la pesca a partir de la milla 5. Sin embargo, según el Imarpe, la biomasa de anchoveta se mantiene igual en ambos casos. ¿Por qué entonces se restringió una industria que crea empleo? ¿De dónde viene el financiamiento de estas ONG? ¿Acaso el dinero proviene de los competidores de la industria nacional?

Igualmente, se sabe de una feroz campaña de un grupo de ONG en contra de nuestra agroindustria, que ha creado una serie de mentiras y leyendas sobre una supuesta violación de los derechos laborales de los trabajadores. La verdad es que el único sector en el campo, reducido al 5% del total de tierras agrícolas, que respeta los derechos laborales es el sector agroexportador; sin embargo, se levantan estas gigantescas mentiras. ¿Qué país o qué países financian esta devastación del milagro agroexportador del Perú? ¿Qué sector o qué países no quieren que las frutas y hortalizas del país se vendan en los supermercados de todo el mundo?

Y así, podemos seguir escribiendo del accionar de estas ONG progresistas y neocomunistas en el sector Hidrocarburos, Forestal y otros.

Sin embargo, lo más escandaloso es el copamiento que ha logrado la ONG IDL, financiada por George Soros y liderada por  Gustavo Gorriti, sin duda el mayor enemigo del Perú, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la Junta Nacional de Justicia, judicializando la política de acuerdo a los intereses de la caviarada.

Por todas estas razones se vuelve urgente que el Congreso tramite el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, para ampliar las funciones de la APCI en la fiscalización de los fondos que reciben las ONG del exterior.

La pelota está en cancha del Congreso.