Por Alfonso Baella Matto, periodista
Publicado en El Reporte

Desde hace un año y medio, me he sumergido en una exhaustiva investigación que expone con claridad las profundas fallas y posibles crímenes que cometió la gestión de Martín Vizcarra durante la pandemia. La lista enumera distintos gatilladores como la escasez de oxígeno, la compra de pruebas rápidas, las mascarillas de tela o la manipulación de cifras. Pero entre todas estas negligencias, hay un punto crítico que debe ser confrontado de inmediato: el secretismo en torno a la compra de vacunas.

El 18 de mayo de 2021, en el punto más álgido de la segunda ola, el entonces ministro de salud, Óscar Ugarte Ubilluz, firmó la Resolución Ministerial 640-2021-MINSA. En ella, se resolvió que todo documento relacionado con la investigación, negociación, contratación y ejecución contractual para la compra de vacunas quedaría clasificado como información reservada. En el intrincado laberinto de las implicancias internacionales, la confidencialidad de tales contratos pudo entenderse hasta cierto punto como necesaria. Sin embargo, ante los fatales resultados de la gestión de Vizcarra, mantener la reserva de estos documentos desafía el derecho a la transparencia y a la verdad.

Durante los primeros meses de pandemia, el MINSA formó 14 grupos de trabajo externos, diseñados para actuar como “apoyo técnico” al ministerio en el marco de la crisis sanitaria. Estos grupos, conformados en su mayoría por profesionales de prestigio en distintos rubros, ofrecieron sus servicios Ad Honorem, guiados por el deber ante la magnitud del desafío que enfrentaba el país.

Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos miembros de estos grupos de trabajo. Las declaraciones que me dio en particular un integrante del grupo de Innovación de Tecnologías Sanitarias fueron inquietantes.

«Desde el comienzo, entendimos que el COVID-19 no era solo un asunto médico, sino una cuestión de microbiología y bioquímica. Para nosotros, a diferencia de los doctores y enfermeros, la composición del virus, su transmisión y la detección a través de pruebas moleculares o serológicas era parte del día a día. Sabíamos perfectamente a lo que nos enfrentábamos, ¡este era nuestro campo! Por eso, todas las semanas enviábamos informes clave con datos certeros para que el entonces ministro, Víctor Zamora, pueda guiarse. Nunca nos hizo caso ni aceptó una reunión para conversar sobre nuestros hallazgos», respondió uno de los microbiólogos entrevistados.

Pero lo más grave de la revelación fue que la misma situación se sufría dentro de cada uno de los 14 grupos de trabajos. Si los especialistas no eran escuchados, ¿entonces a quién le hacían caso?

Teniendo en cuenta las declaraciones de los técnicos, decidí ir un poco más allá e investigar a un conjunto donde esperaba encontrar respuestas: “Grupo de Trabajo Multisectorial de financiamiento para la vacuna contra el COVID-19”. Me interesaban los informes que este equipo había elaborado en 2020 investigando el desarrollo de vacunas y el criterio de elección de laboratorios con los que el Estado podía trabajar.

En junio de este año, luego de solicitarlos por el Portal de Transparencia durante semanas, me negaron el acceso amparándose en la Resolución Ministerial firmada por Ugarte en 2021. ¡Esa información es reservada!

En otros países como Alemania, Brasil, Holanda o Sudáfrica la presión social ha permitido iniciar procesos de desclasificación de estos documentos. Por su lado, el gobierno norteamericano ya ha revelado el financiamiento que se le brindaba a los laboratorios en Wuhan. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos estamos tardando tanto? ¿No debería ser este el principal promotor de la transparencia en vista de lo ocurrido?

Instituciones internacionales como la Universidad Johns Hopkins y Our World in Data, de Oxford, nos revelan con frialdad numérica la triste verdad: el Perú cargó con la peor gestión de la pandemia por COVID-19. Entre los años 2020 y 2022, nuestro país se convirtió en el epicentro de la tragedia, acumulando la mayor cantidad de muertos per cápita en el mundo. Fue una debacle mortal sin precedentes en la historia de la República, superando las cifras de la Guerra con Chile y el terrorismo.

Sin información es imposible sacar las lecciones necesarias y señalar las responsabilidades. Hay un sinnúmero de preguntas que aún quedan sin respuesta: ¿Con qué criterio se escogieron las vacunas que nos fueron inoculadas? ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Cuál fue el sustento de la cláusula de exclusividad con Sinopharm que tanto daño nos hizo?