Por Ricardo Uceda, publicado en El Comercio

Un juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad absolvió a Edwin Oviedo del cargo de haber ordenado dos homicidios. Fueron cometidos en Lambayeque, en un contexto de conflictos en Agroindustrial Tumán, en la que Oviedo tenía intereses. Por las imputaciones estuvo 17 meses preso (2018-2020) y dejó la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De acuerdo con el adelanto de la sentencia, el Ministerio Público no pudo probar nada de lo que postuló. Tanto así que también fueron absueltas otras cinco personas, incluyendo a los autores materiales de los asesinatos, según la acusación. Como suele ocurrir cuando la justicia reivindica a quien fue satanizado, aparece la necesidad de encontrar explicaciones. ¿Cómo es posible que una persona enfrente la posibilidad de recibir las penas más severas del Código Penal –52 años de prisión pidió la fiscalía– cuando las imputaciones eran deleznables?

Un asesinado, Manuel Rimarachín, sindicalista en Tumán, fue abaleado en la madrugada del 11 de octubre del 2012 por dos desconocidos que huyeron en una moto. Según la fiscalía, la empresa le había entregado S/80.000 para comprar acciones de Pucalá, pero Rimarachín lo hizo en favor de un competidor sin haber devuelto el dinero. Oviedo, líder de la organización criminal-empresarial Los Wachiturros, encargó matarlo a un subjefe (Segundo Ordinola, administrador judicial), quien, de acuerdo con un tercero (Pablo Arce, gerente de finanzas), instruyó a un cuarto (Víctor Rodríguez, jefe de seguridad) quien contrató a dos sicarios (Eswar Montenegro y César Delgado). Agonizante, Rimarachín fue llevado al hospital de Tumán, donde, por orden de Ordinola, no lo atendieron.

El segundo asesinado fue Víctor Farro, muerto a balazos la noche del 13 de mayo del 2015. Según testigos, convocaba mediante altavoz a un paro laboral para el día siguiente. El Ministerio Público sostuvo que Rodríguez, el jefe de seguridad, obedeciendo a Oviedo y a los directivos de Tumán (Ordinola y Arce), contrató a dos delincuentes para matarlo. La conspiración la describió el mismo colaborador eficaz que incriminó a los imputados por el primer asesinato. La fiscalía presentó testimonios que indicaron que Farro recibía amenazas. Atribuyó ambos crímenes a Los Wachiturros: Oviedo a la cabeza y en la segunda, tercera y cuarta línea, ejecutivos de la empresa.

En Tumán, la administración había sido nombrada por un juez para que estuviera garantizado el pago de sus deudas. Los gestores eran afines a Oviedo, un acreedor sin cargo ejecutivo ni puesto en el directorio. Dirigía −como hasta ahora− Agroindustrial Pomalca, en el mismo departamento. Los jueces dijeron que el Ministerio Público no pudo acreditar una cadena de mando ejercida por Oviedo.

En el caso de Rimarachín, no había un móvil verosímil. No fue acreditado que su actividad amenazara la estabilidad de la administración, ni que hubiera comprado acciones, ni que el hospital se negara a atenderlo agonizante. Los dichos de los colaboradores eficaces no estaban corroborados. Los autores materiales no fueron reconocidos por ningún testigo; ni siquiera estaba identificada la moto en la que huyeron los asesinos. Tampoco fue presentada evidencia de las comunicaciones telefónicas entre los imputados. En cuanto al asesinato de Farro, el señalamiento de las deficiencias probatorias fue también implacable: “Declaraciones meramente escriturales sin ser sometidas a un contradictorio”, llega a decir el colegiado en el anticipo de la sentencia, que será leída el 4 de setiembre.

El juzgado culpó de la inopia probatoria a la investigación realizada por el Ministerio Público de Lambayeque. El caso pasó a La Libertad porque la Corte Suprema estimó que la justicia local no brindaba garantías de imparcialidad. Los jueces, sin nombrarlo, pusieron los reflectores sobre el arquitecto de la acusación, el exfiscal de crimen organizado y también exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, Juan Carrasco.

Lo ocurrido con Oviedo no solo se explica por el mal funcionamiento de la justicia de un departamento. Hay que retroceder hasta el 6 de diciembre del 2018, cuando el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chiclayo dictó en su contra una orden de prisión preventiva de 18 meses por los asesinatos atribuidos a Los Wachiturros de Tumán. Al día siguiente, en Lima, fue capturado por la policía y el Ministerio Público por una investigación distinta: la de Los Cuellos Blancos del Puerto. Veremos que ambas situaciones tenían una ligazón siniestra.

En Lima el aún presidente de la FPF cumplió detención preliminar por 15 días. Ya se conocían audios de conversaciones entre el empresario Antonio Camayo y el exjuez supremo César Hinostroza, indicativas de que el magistrado pudo haber sido llevado por Oviedo al Mundial de Fútbol en Rusia, con pasajes, entradas y bolsa de viaje incluidos. Otro audio de un diálogo entre Oviedo e Hinostroza parecía confirmarlo. Además, un colaborador eficaz le dijo a la fiscalía que Oviedo hizo pagos ilícitos a Hinostroza a cambio de una asesoría. Oviedo negó todo. Sin embargo, cuando el plazo de la detención preliminar venció, el Ministerio Público no pudo lograr que siguiera preso por 36 meses. El juez consideró que el colaborador se contradecía y que la imputación era deleznable. Así, Oviedo continuó siendo investigado bajo comparecencia por Los Cuellos Blancos y fue llevado a Chiclayo para que cumpliera los 18 meses por el Caso Los Wachiturros. Pero antes hizo una grave denuncia.

Oviedo escribió una carta pública que pasó desapercibida en los medios peruanos, aunque apareció en algunas secciones deportivas del extranjero, divulgada por la agencia EFE. Dijo que la fiscal Sandra Castro, una de las investigadoras de Los Cuellos Blancos, lo presionó para que involucrara a fiscales, jueces supremos y políticos, a cambio de no ir a prisión. Según el detenido, lo hizo el sábado 8 de diciembre del 2018, a las 11:30 a.m. y, en una segunda oportunidad, el 10 del mismo mes. Si aceptaba, ya no iría a prisión en Chiclayo. En la carta Oviedo dijo que resistió la presión porque ello implicaba aceptar delitos que no cometió. La negativa motivó que el Ministerio Público pidiera en su contra tres años de prisión preventiva.

Esta denuncia jamás fue investigada, como en todos los casos en los que se ha obtenido de manera extorsiva, ilícita, una colaboración eficaz. Es una maniobra común, que distorsiona completamente el sentido de la justicia. El propio fiscal Carrasco ha sido señalado repetidamente por practicarla y solo obtuvo apoyo institucional del Ministerio Público, entonces dirigido por Pablo Sánchez. Pero presumamos que el colaborador eficaz que inculpó a Oviedo dijo la verdad. Van a cumplirse seis años desde que la fiscalía postuló que era un coimeador de magistrados. ¿Qué ocurrió hasta ahora? Sin que haya habido mayor actividad investigativa para su caso desde el 2018, el Ministerio Público rebajó sustantivamente las imputaciones, en una resolución del 28 de mayo del 2024.

Antes Oviedo era miembro del tercer nivel de la organización Los Cuellos Blancos. Ahora ya no. Estaba imputado por tráfico de influencias, por usar a Hinostroza en favor de sus procesos. Ahora ya no. La prognosis de pena postulada cuando se le pidió prisión preventiva era de 25 años y ocho meses de prisión. Ahora la fiscalía pedirá seis años por presuntos delitos de cohecho genérico y específico. Aún mantiene su teoría de que pagó una mensualidad de S/3.300 a Hinostroza para que lo asesorara jurídicamente, lo que es negado por el imputado. Habrá que ver el curso de la contradicción en un juicio, si llega a realizarse luego del control de acusación. De cualquier modo, estamos viendo el derrumbe de dos casos artificiales. Oviedo fue un personaje idóneo para el circo anticorrupción que hipnotizó al país hace algunos años.

Ricardo Uceda es periodista