Por Ricardo Uceda, periodista
Publicado en El Comercio

La sancionada fiscal de la Nación Delia Espinoza no puede culpar a nadie de la suspensión de seis meses que le impuso la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De todas las opciones que tenía cuando la JNJ repuso a su antecesora Patricia Benavides, eligió la rebeldía, que terminó distanciándola hasta de sus aliados en la cúpula del Ministerio Público. La confrontación llevó al desacato y probablemente causará una destitución. Espinoza podía reponer a Benavides en la Junta de Fiscales Supremos y luego, con los miembros de este organismo, considerar el cumplimiento del punto controversial, que la sacaba del cargo en beneficio de la rehabilitada. Incluso podía cederle su silla a Benavides, esperar unos días hasta el término de su mandato y reasumir con el apoyo del resto. Que se lo iban a dar. En resumen, fueron sus errores los que pusieron a Tomás Gálvez en el interinato. La autoría mediata de un pacto corrupto —otra tesis— no podría haber diseñado un plan tan perfecto.

Sin embargo, ella también podría volver por un mandato judicial. ¿Cómo explicar que actuó torpemente y a la vez tendría la razón? Es que a la larga la destitución se impondrá, y no porque la JNJ sea manejada por Keiko Fujimori, o por el APRA, o por el pacto corrupto, sino porque el desacato brilla como un diamante. A Espinoza se le pasó la mano. Lo cual no quiere sugerir que la JNJ sea un septeto de ángeles, ni excluye una concertación de fuerzas externas con ganas de controlar la justicia. Los sectores más indignados con el interinato de Gálvez, que consideran traidores a Pablo Sánchez y a Zoraida Ávalos por haberse abstenido de asumirlo —la suspendida los llamó cobardes— deberían aceptar que buena parte del poder que perdieron en el Ministerio Público se debe a que sus magistrados lo utilizaron abusivamente.

Precisamente dos ejemplos de los excesos están en la Junta de Fiscales Supremos. Uno de ellos es el de Patricia Benavides, que es investigada, como corresponde, por las denuncias que a fines de 2023 se hicieron en su contra. Fue restituida porque la JNJ anuló su destitución y el Tribunal Constitucional (TC) ya había establecido que los procedimientos exprés para las suspensiones de magistrados (ocurrió con ella) afectan el debido proceso. Pero este defecto, que ya fue subsanado, no fue lo peor. Lo peor fue que una sección de la fiscalía fabricó piezas de una investigación: un falso agente —el famoso “Roberto”—, y un falso expediente, al que le puso fecha anterior para dar apariencia de autenticidad. Ninguno de estos instrumentos tuvo desarrollo en las carpetas. Suponiendo que Benavides hubiera ofrecido dádivas a cambio de votaciones en el Congreso, lo cual de comprobarse debería producir su despido, es inadmisible una maniobra fraudulenta en nombre de la moralización. Menos en el Ministerio Público.

El segundo ejemplo es Tomás Gálvez, quien fue repuesto por el TC cuatro años después de que la JNJ lo destituyera por supuesta pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto. Él sostiene que el propio Ministerio Público manipuló las incriminaciones contra magistrados que el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quería ver fuera de la institución. Este es un tema controversial, que originó juicios por reposición que vienen ganando los imputados del nivel supremo. El hecho es que cuando la demanda de Gálvez fue amparada por el TC, Delia Espinoza realizó todo tipo de maniobras para impedir que se cumpliera la sentencia. Fue otro inaceptable abuso en nombre de la moralidad. El TC pudo haber tomado una decisión equivocada, pero el desacato por parte de la autoridad responsable de vigilar la legalidad llevó las cosas al límite, aun antes de que la JNJ decidiera reponer a Benavides.

Según el TC, Gálvez fue sometido a un procedimiento exprés, violatorio del debido proceso. La JNJ lo destituyó cuando estaba intubado, con COVID-19, en un hospital estatal. El TC dijo que no se le atribuyeron faltas específicas sino afectaciones genéricas a principios de la administración pública. Había intercedido por un rondero de San Martín, por un fiscal procesado y por un empresario editorial, en diálogos de camaradería con César Hinostroza, el más notable de los Cuellos Blancos. Gálvez sostuvo que fue intermediario de buena fe para gestiones que no influyeron en ningún proceso. Tres de cuatro jueces consideraron que las motivaciones de la destitución fueron razonables. Por otra parte, el TC aclaró que la JNJ podía volver a investigarlo en los términos de la sentencia; esto es, individualizando sus responsabilidades. Ello debería ocurrir, porque luego de su interinato podría ser el próximo fiscal de la Nación. Pero sabotear su retorno era ilegal, indigno de cualquier cruzada contra la corrupción.

La posición de Espinoza es que Gálvez no debió regresar a la Junta de Fiscales Supremos porque fue denunciado ante el Congreso, que archivó dos requerimientos. El problema es que la magistrada suspendida arremetió contra medio mundo, con razón o sin ella. El Congreso será todo lo corrupto que quieran, pero que existan investigaciones contra 107 de 130 parlamentarios parece un exceso. Entre ellos están congresistas exmilitares que tramitaron una ley sobre pensiones en el sector Defensa, no importa si acertada o no, como si ello fuera delincuencial. Ha abierto proceso a los miembros de la JNJ por reponer a Benavides, para luego decir que no podrían accionar contra ella porque son sus investigados. Con el mismo cálculo pidió proscribir a Fuerza Popular, cuyos parlamentarios podrían votar una posible propuesta para inhabilitarla.

Los jueces tampoco se salvan. Por discrepancias procesales denunció constitucionalmente al juez supremo Juan Carlos Checkley, con dichos no corroborados de Jaime Villanueva acerca de una cercanía con Patricia Benavides. La JNJ ya se pronunció en sentido contrario. Luego enfiló contra César San Martín, ponente de la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que dispuso cumplir la disposición que rehabilitaba a Benavides. Un testigo protegido dijo haber escuchado que San Martín llamó a magistrados que ven el caso de Nicanor Boluarte para interceder por él. Ellos lo han negado, lo mismo que Boluarte. Luis Vivanco, abogado del hermano de la presidenta, desmintió que le pidiera ayuda a San Martín, como se supuso. La investigación existe sencillamente porque el vocal supremo sustentó una resolución que contrariaba a la fiscalía.

Así, la parte virtuosa del Ministerio Público y los méritos de sus miembros son opacados por las arbitrariedades. Principalmente en lo que atañe a la apertura de investigaciones, a la extensión premeditada de los plazos y a la posible manipulación de las colaboraciones eficaces, convertidas en la principal herramienta de los procesos por corrupción. ¿Esto cambiará con el regreso de Delia Espinoza o la consolidación de Tomás Gálvez? No. En los últimos días Espinoza tuvo manifestaciones intemperantes que demuestran una falta de ecuanimidad necesaria para el cargo. Es inevitable pensar que, si regresa, seguirá usando su metralleta jurídica a diestra y siniestra. Por otra parte, la gestión que inicia Gálvez es un camino hacia lo desconocido.

El problema trasciende la conducta o ideas personales de ambos. Es necesaria una reforma que, entre otras cosas, reglamente los procedimientos demasiado discrecionales y reduzca el poder absoluto del fiscal de la Nación, que nombra a dedo al ejército de provisionales. No pueden hacerla por su lado quien esté al mando de la fiscalía, ni el Congreso, ni la inoperante JNJ. En la discusión deben participar los sectores en pugna que están fuera del Ministerio Público, abandonando su objetivo sublime de empoderar a sus magistrados favoritos, por mucho que para ellos encarnen la justicia verdadera.